Como una
señal clara de apoyo en defensa de la función pública, calificó el Consejo
Regional Iquique del Colegio de Periodistas la decisión del Consejo Regional de
Tarapacá (CORE) de aprobar un “voto político” para defender a los periodistas
de los servicios públicos, al igual que al resto de los funcionarios públicos,
ante las desvinculaciones arbitrarias que podrían producirse al concluir el
año. Y de este modo, evitar que ocurran desvinculaciones arbitrarias como
acontecieron en el 2018, en la región.
La solicitud,
que fue presentada por el gremio, fue aprobada por 11 votos en la sesión
plenaria del Consejo Regional del pasado martes, definiendo así un respaldo a
la dignidad de la función pública y estabilidad laboral de los trabajadores
fiscales, especialmente, porque en noviembre próximo se definen si se renuevan
o no las contratas de los funcionarios de los distintos servicios públicos.
Para Domingo
Olivares, presidente regional del gremio de los periodistas, lo importante del
voto político aprobado por el Core “es un paso adelante respecto de resguardar
los derechos de los trabajadores, principalmente, porque durante el 2018 fueron
despedidos injustificadamente 15 periodistas de organismos públicos, mientras
que otros tres debieron renunciar por hostigamientos y maltrato laboral”.
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| Directiva del Consejo Regional Iquique del Colegio de Periodistas. |
Añadió que esa
práctica es insostenible, sobre todo, “porque se pasaron a llevar los
dictámenes de la Contraloría General de la República, provocando menoscabo a
los trabajadores y, al mismo tiempo, generando una mayor precarización laboral.
Es por ello por lo que agradecemos a los consejeros regionales que apoyaron de
manera transversal, nuestra solicitud para terminar con estas malas prácticas”,
indicó Domingo Olivares.
Al respecto,
acotó que como gremio también están trabajando en conjunto con la Anef, para
evitar que este año se produzcan casos de arbitrariedad por parte de las
autoridades.
Concluyó que
“lo que nos parece trascendental es que,
al momento que la autoridad respectiva tome decisiones, se consideren los dictámenes
Nº 22.766 y 23.518 de la Contraloría General de la República que establece
jurisprudencia sobre el personal a contrata, la renovación de ésta, requisitos
y el acto administrativo que procede, considerando la “confianza legítima” que
aplica a todos los trabajadores del Estado. Esto es que, tras dos renovaciones
a lo menos de la contrata de funcionarias y funcionarios, se establece que
están bajo el amparo del principio de confianza legítima y, por lo tanto, de no
existir razones fundadas, no pueden ser apartados de la función pública”.
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| Domingo Olivares, presidente del Consejo Regional Iquique. |
