[Opinión] El 1° de mayo y la precarización del periodismo en Chile: una realidad silenciada

 

En vísperas del 1° de mayo, Día Internacional del Trabajo, es imprescindible reflexionar sobre la situación de las y los periodistas en el país, un sector que, lejos de ser valorados como pilar esencial de la democracia, ha sido víctima de una constante precarización laboral. 

El periodismo, que debería ser sinónimo de libertad de expresión y ejercicio profesional seguro, se ha convertido en uno de los sectores más vulnerables dentro de los medios de comunicación actuales. Las condiciones de trabajo, con salarios bajos y contratos precarios, están al centro de la problemática, como lo evidencian casos como los de Copesa (La Tercera) y Radio Biobío, que enfrentan críticas por sus malas prácticas laborales y por no garantizar una estabilidad mínima a sus empleados. 

En el caso de Copesa, el grupo ha sido señalado por no pagar los sueldos completos a sus trabajadores, situación que se repite en varios medios de comunicación donde el incumplimiento de derechos laborales se ha vuelto moneda corriente. Por su parte, Radio Biobío, ha sido una de las empresas peor calificadas por la Dirección del Trabajo en el año 2024. En el primer semestre de ese año, Radio Biobío fue condenada por prácticas antisindicales y lideró un ranking, junto con otras doce empresas, por vulnerar los derechos de los trabajadores. Lo más alarmante es que, en 2024, dicha radio despidió al último integrante del sindicato que se había conformado con el propósito de demandar mejores condiciones laborales. Este despido no solo refleja una clara persecución hacia la organización sindical, sino que también subraya el profundo maltrato laboral en el sector. 

A esta precarización se suma una creciente demanda por parte de los empleadores para que periodistas asuman funciones adicionales a su rol tradicional. Hoy, muchos anuncios de trabajo para periodistas incluyen la exigencia de ser también editores de video, es decir, ejercer como comunicadores audiovisuales, expertos en redes sociales, editores de páginas web e incluso diseñadores gráficos. Esta expectativa desmesurada no solo evidencia la sobrecarga laboral, sino que también refleja la escasa valoración del trabajo periodístico como tal. 

Las y los periodistas ya no solo deben ser narradores y analistas de hechos, sino también multitareas en un entorno digital que exige habilidades técnicas, de producción visual y diseño gráfico que, en muchos casos, no están dentro de su formación profesional ni de su remuneración.

La situación se agrava cuando medios de comunicación que tienen una gran influencia en la opinión pública, publican contenidos criticando el trabajo de periodistas en instituciones públicas. Esta crítica, que parece estar más motivada por intereses políticos, termina por menospreciar el trabajo de los periodistas en el Estado, presentándolo como un aporte de menor categoría que el de otras profesiones. Este tipo de campañas de descrédito no hacen más que alimentar la precarización del sector, al crear la falsa idea de que los periodistas, particularmente los que trabajan en el sector público, no son necesarios. 

Sin embargo, existen precedentes que refuerzan la misión del Colegio de Periodistas de Chile de defender nuestra profesión y a sus trabajadores. 

Un ejemplo significativo es el fallo judicial en el caso de Paulina de Allende-Salazar, quien fue despedida de manera injustificada por Mega en abril del año 2023. Durante un despacho en vivo, la periodista cometió un error al referirse al carabinero asesinado Daniel Palma utilizando el término "paco", un modismo coloquial en Chile para referirse a los policías. Este incidente, aunque un lapsus, fue utilizado por el canal como justificación para su desvinculación. Sin embargo, el 2 de enero de 2025, el Primer Juzgado de Letras de Santiago dictó sentencia a su favor, reconociendo que su despido vulneró sus derechos fundamentales, incluyendo la libertad de expresión y el derecho a la honra. Además, el tribunal ordenó a Mega emitir una disculpa pública y otorgó una indemnización de $263 millones, desglosados en $243 millones por cláusula contractual y $20 millones por daño extrapatrimonial. 

El fallo también incluyó la obligación de Mega de someter a su equipo de trabajo a un curso de ética profesional, organizado por el Colegio de Periodistas de Chile, lo que subraya la importancia de nuestra Orden para tutelar la ética en la labor periodística. Este fallo no solo representa una victoria personal para Paulina, sino también un precedente crucial en la defensa de los derechos laborales y profesionales de los periodistas en Chile.

Esta fecha, debe ser un llamado para reconocer el valor del periodismo y la necesidad de generar acciones que busquen terminar con la precaria situación que enfrentan periodistas en Chile. Más allá de los modelos de negocio insostenibles que afectan a los medios de comunicación, la verdadera crisis radica en la falta de protección laboral y estabilidad para quienes ejercen esta profesión. Si realmente aspiramos a una democracia saludable, es fundamental garantizar condiciones laborales dignas para los periodistas, quienes desempeñan un rol esencial en la formación de una ciudadanía informada. No se trata solo de darles herramientas para ejercer su labor de manera libre y responsable, sino también de proporcionarles la seguridad necesaria para que puedan cumplir su función sin las presiones externas que hoy les afectan. La precarización del periodismo es una amenaza no solo para los profesionales, sino para la integridad del sistema democrático en su conjunto.

Consejo Nacional

Colegio de Periodistas de Chile