El Consejo Regional Arica del Colegio de Periodistas de Chile busca alertar a la opinión pública sobre la grave precarización laboral que afecta actualmente nuestro sector, debido a las malas prácticas que se han puesto en marcha para excluir a los profesionales de las comunicaciones del libre ejercicio de su profesión, tanto en la administración del Estado como el sector privado.
Este Consejo Regional denuncia públicamente que, tras la llegada de las autoridades del actual Gobierno, hemos recibido denuncias por episodios de prácticas discriminatorias, en contra de los y las profesionales que trabajan a cargo de realizar las comunicaciones de los servicios públicos en Arica y Parinacota.
Estos hechos afectan a los profesionales que han trabajado por años en servicios públicos y que cuentan –según el Estatuto Administrativo que los rige- con la calificación de “confianza legítima” como funcionarios y funcionarias del Estado de Chile; y también a quienes trabajan en calidad de honorarios, enfrentando una mayor precariedad laboral, pese a que –en muchos casos- su ingreso a la administración del Estado fue a través de concursos públicos.
Lamentablemente, a través de estas denuncias hemos podido constatar que se pretende calificar –de forma subjetiva y antiética- a los y las periodistas, como personas “de confianza política”, “militantes” y “operadores políticos”, con la finalidad de desvincularlos de la administración pública, además de sugerir su no contratación en otros servicios; situación que se vuelve repetitiva y que ha ocurrido cada vez que asume un nuevo Gobierno, sin importar su color político.
Como gremio rechazamos estas prácticas y damos cuenta de lo siguiente:
1. En primer lugar, de la profunda subestimación y subvaloración que ha existido de nuestra profesión por parte de los sucesivos gobiernos, los cuales nunca se han preocupado de crear cupos de plantas para la contratación de periodistas en la administración pública, o de garantizar contratas con grados profesionales acordes a la responsabilidad estratégica de nuestras funciones; situación que ha desembocado en la precarización de nuestro trabajo bajo la fórmula de contrataciones vía honorarios, subvalorados económicamente y dejando nuestra continuidad laboral al arbitrio de las autoridades de turno.
2. En segundo lugar, del profundo desconocimiento que han demostrado quienes asumieron como autoridades de Gobierno, específicamente de lo que significa el trabajo de los funcionarios públicos y, puntualmente, del valor que tienen las comunicaciones para los servicios del Estado. Tristemente, sólo apelan a su importancia sólo cuando un determinado conglomerado pierde su poder político, argumentando que la continuidad de su Gobierno no pudo concretarse porque “no se supo comunicar bien sus logros”.
Lamentablemente, estos hechos de precarización laboral se suman a otros registrados en el país en este último tiempo en el área corporativa privada, generando gran inestabilidad económica y falta de proyección profesional en el mundo de la prensa y las comunicaciones.
Porque rechazamos firmemente esta persecución profesional, reafirmamos ante la opinión pública nuestro compromiso a no detenernos en nuestro deber de proteger y exigir el respeto a los derechos laborales de todos y todas quienes desarrollan las tareas de informar y comunicar, a través de diferentes plataformas, en nuestra Región.
Consejo Regional Arica y Parinacota
Colegio de Periodistas de Chile
Mayo 2018
Este Consejo Regional denuncia públicamente que, tras la llegada de las autoridades del actual Gobierno, hemos recibido denuncias por episodios de prácticas discriminatorias, en contra de los y las profesionales que trabajan a cargo de realizar las comunicaciones de los servicios públicos en Arica y Parinacota.
Estos hechos afectan a los profesionales que han trabajado por años en servicios públicos y que cuentan –según el Estatuto Administrativo que los rige- con la calificación de “confianza legítima” como funcionarios y funcionarias del Estado de Chile; y también a quienes trabajan en calidad de honorarios, enfrentando una mayor precariedad laboral, pese a que –en muchos casos- su ingreso a la administración del Estado fue a través de concursos públicos.
Lamentablemente, a través de estas denuncias hemos podido constatar que se pretende calificar –de forma subjetiva y antiética- a los y las periodistas, como personas “de confianza política”, “militantes” y “operadores políticos”, con la finalidad de desvincularlos de la administración pública, además de sugerir su no contratación en otros servicios; situación que se vuelve repetitiva y que ha ocurrido cada vez que asume un nuevo Gobierno, sin importar su color político.
Como gremio rechazamos estas prácticas y damos cuenta de lo siguiente:
1. En primer lugar, de la profunda subestimación y subvaloración que ha existido de nuestra profesión por parte de los sucesivos gobiernos, los cuales nunca se han preocupado de crear cupos de plantas para la contratación de periodistas en la administración pública, o de garantizar contratas con grados profesionales acordes a la responsabilidad estratégica de nuestras funciones; situación que ha desembocado en la precarización de nuestro trabajo bajo la fórmula de contrataciones vía honorarios, subvalorados económicamente y dejando nuestra continuidad laboral al arbitrio de las autoridades de turno.
2. En segundo lugar, del profundo desconocimiento que han demostrado quienes asumieron como autoridades de Gobierno, específicamente de lo que significa el trabajo de los funcionarios públicos y, puntualmente, del valor que tienen las comunicaciones para los servicios del Estado. Tristemente, sólo apelan a su importancia sólo cuando un determinado conglomerado pierde su poder político, argumentando que la continuidad de su Gobierno no pudo concretarse porque “no se supo comunicar bien sus logros”.
Lamentablemente, estos hechos de precarización laboral se suman a otros registrados en el país en este último tiempo en el área corporativa privada, generando gran inestabilidad económica y falta de proyección profesional en el mundo de la prensa y las comunicaciones.
Porque rechazamos firmemente esta persecución profesional, reafirmamos ante la opinión pública nuestro compromiso a no detenernos en nuestro deber de proteger y exigir el respeto a los derechos laborales de todos y todas quienes desarrollan las tareas de informar y comunicar, a través de diferentes plataformas, en nuestra Región.
Consejo Regional Arica y Parinacota
Colegio de Periodistas de Chile
Mayo 2018