- Ante medidas adoptadas por fiscal que investiga filtraciones de “Milicogate”.
- En los últimos días el juez de la IV Fiscalía Militar Rodrigo Acevedo citó a declarar al periodista Mauricio Weibel, autor del reportaje sobre corrupción en el uso de fondos de la Ley Reservada del Cobre, emplazándole revelar sus fuentes.
- En la orden profesional calificaron la situación como de “extrema gravedad”, lo cual vulneraría lo establecido tanto en el artículo 7º de la Ley de Prensa como en resoluciones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

Mauricio
Weibel, periodista de The Clinic que desde agosto de este año ha
publicado una serie de reportajes con reveladores antecedentes sobre la causa,
fue citado
a declarar el jueves pasado por el juez Rodrigo Acevedo de la IV Fiscalía
Militar. El magistrado es el
encargado de pesquisar la filtración de información sobre la investigación
matriz que lleva la VI Fiscalía Militar, para lo cual en días previos convocó
al propietario y representante legal de The Clinic Pablo Dittborn, al director Patricio
Fernández y a la editora Andrea Moletto.
Según
señalara Weibel, en el interrogatorio la autoridad militar le habría emplazado
a revelar sus fuentes.
“Estos hechos son de extrema gravedad. En los tribunales castrenses debieran saber
que ningún tribunal, ni civil ni militar, tiene atribuciones para vulnerar la
ley, que es muy clara con respecto al derecho que tienen los periodistas, y los
directores y editores de medios, a mantener en reserva sus fuentes informativas”
expresaron en la organización profesional.
La Ley sobre
Libertades de Opinión e Información y Ejercicio del Periodismo establece en su artículo 7 que “los directores, editores de medios de
comunicación social, las personas a quienes se refieren los artículos 5° y 6° y
los corresponsales extranjeros que ejerzan su actividad en el país, tendrán
derecho a mantener reserva sobre su fuente informativa, la que se extenderá a
los elementos que obren en su poder y que permitan identificarla y no podrán
ser obligados a revelarla ni aun judicialmente”.

Ante esto, el
Colegio de Periodistas alertó que este tipo de acciones son “preocupantes para el ejercicio de la
libertad de prensa y el periodismo de investigación”, ya que en los hechos
pueden significar “tanto que los
periodistas se coarten de usar este recurso y que quienes tengan información
fundamental para develar situaciones en que esté en cuestión el interés público
se sientan amedrentados”.
En este
sentido se sumaron al llamado
de atención que en los últimos días hiciera la organización global
Reporteros sin Fronteras, donde expresaron que “la justicia militar no tiene facultades para investigar casos de
civiles y, en teoría, sólo debe tratar los expedientes relacionados
directamente con el ejército”.
Agregaron que “según la versión
oficial, estas cuatro personas fueron citadas a comparecer como testigos, pero
en realidad fueron convocadas para que revelaran sus fuentes. Esto, a pesar de
que Ley de Prensa chilena, al igual que las resoluciones de la Corte
Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) -que el Estado chileno tiene la
obligación de respetar- garantizan el respeto del secreto de fuentes”.