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Quiero comenzar saludando a la hermosa y
amplia convocatoria que vemos en este salón. Saludar a los Ministros y
ministras, parlamentarios, alcaldes, a la presidenta de la Central Unitaria de
Trabajadores, a los dirigentes sindicales y de organizaciones sociales, embajadores
y representantes del cuerpo diplomático, a las agrupaciones de derechos
humanos, a los representantes del mundo del arte y la cultura, a los trabajadores
y trabajadoras de las comunicaciones, a los dirigentes estudiantiles, a los colegas,
compañeros y compañeras, en especial, también, a los dirigentes del Colegio de
Periodistas que han llegado de todo el país para estar acá presentes. Amigos y amigas.
Como se ha dicho antes, no es fácil sintetizar
el legado político de sesenta años de historia en un solo acto, tampoco en un
puñado de palabras. No es fácil especialmente hoy, 11 de julio de 2016, que
junto con ser el día de nuestro aniversario, representa también el llamado día
de la dignidad nacional, que conmemora la nacionalización del cobre, llevada a
cabo un 11 de julio de 1971 por el Presidente Salvador Allende Gossens y que
como derecho arrebatado en plena dictadura, hoy ha estado puesto sobre el
debate a propósito de la supuesta escasez de recursos para financiar reformas
que profundizan los derechos sociales, y especialmente por el millonario desfalco
que hicieran miembros del Ejército de Chile a la Ley Reservada del Cobre, lo
que conocimos gracias a la investigación periodística del denominado “Milico
Gate”.
Este 11 de julio de 2016, se enmarca en un
momento político y social particular para Chile. En palabras del último informe
de Desarrollo Humano del PNUD, la sociedad chilena está viviendo un proceso de
debate sobre materias que antes parecían incuestionables, preguntándose qué se
debe cambiar y cómo.
Con la explosión estudiantil de 2011 como
punto de inflexión, donde las diversas organizaciones sociales nos aglutinamos
tras la exigencia de un derecho y sobre todo del derecho a tener derechos,
Chile inició un proceso de discusión ideológica en el debate político social
que hoy parece irrefrenable, y que se ha visto agudizado por los casos de
corrupción que han vinculado a altos personeros del empresariado y la política. Algunos de los cuales, conocimos gracias a osadas
investigaciones periodísticas y que parecieron quererse acallar por algunos
senadores y por el antiguo Ministro del Interior, quienes en el marco de la
agenda anti delincuencia que se discutía en el Parlamento, incorporaron una
indicación que buscaba recrudecer la
aplicación de las sanciones por filtraciones sobre procesos judiciales en curso.
Justo cuando la prensa daba a conocer los correos entre el ex ministro y
ex senador Pablo Longueira y el gerente general de la Sociedad Química y Minera de
Chile, SOQUIMICH, que contenían la redacción de un artículo sobre el impuesto a la minería que luego se
incluyó en la ley.
Luego de un intenso rechazo por parte de los periodistas organizados de Chile,
conseguimos que el Parlamento terminara por rechazar la llamada Ley Mordaza.
Pero en este tiempo de cuestionamientos, las
dudas y las desconfianzas no sólo han sido parte de los relatos periodísticos,
sino también de la discusión popular. Los debates se están dando en las calles,
en las aulas estudiantiles, en los sindicatos y los gremios, en las comunidades
de los territorios que sufren impactos socioambientales a causa de un modelo
extractivista, en todos, se discute sobre transformaciones que profundizan la
democracia y cuestionan el actual modelo social y político, en una especie de
discusión constituyente o pre-constituyente, con miras a redactar una Nueva
Constitución para Chile que destierre esa que nos heredara la Comisión
designada por el dictador. Lo interesante es que, tal como dijera el periodista
y escritor uruguayo Eduardo Galeano, es muy probable que de las dudas surjan
las certezas. Y de la duda sobre cuán capaces éramos de asumir el legado
político de periodistas y trabajadores de las comunicaciones que en 60 años,
incluso arriesgaron sus vidas por el derecho a expresarse libremente, surgió
nuestra certeza de instalar los desafíos urgentes de la actual democracia en
materia de comunicaciones.
Por eso, decidimos trabajar para incidir en
el actual proceso político e incorporar nuestros propios debates al itinerario constituyente
anunciado por el Gobierno, que esperamos culmine en una Asamblea Constituyente,
tal como lo planteamos tras acuerdo unánime de nuestro Congreso Nacional de
Arica de abril de 2015. Bajo ese mandato, realizamos cerca de 20 Encuentros
Locales Autoconvocados a lo largo de todos nuestros regionales desde Arica a
Punta Arenas y continuaremos participando de los próximos cabildos provinciales
y regionales que vengan.
Estos han sido arduos tiempos de trabajo, donde
hemos decidido instalar como centralidad política de nuestro quehacer la
urgente necesidad de democratizar el sistema de medios chileno y el deber del Estado
de garantizar el derecho humano a la comunicación y libre expresión de la
ciudadanía, entendida como derecho colectivo y no como el derecho de unos pocos
que tienen la capacidad económica para instalar un medio de comunicación y
mantenerlo en el cada vez más concentrado e imperfecto sistema de medios
chileno.
Ello ha significado confrontar directamente
el principio del modelo de post dictadura y proceso transicional que ha dejado
esta garantía -como tantas otras- a merced del mercado, naturalizando ese
discurso hegemónico donde la libertad de prensa, es más bien entendida como una
libertad de empresa, que invisibiliza a su antojo determinados sectores de la sociedad o todo discurso crítico del
modelo neoliberal imperante, porque no le son rentables.
Vaya mi reconocimiento a quienes me han
acompañado en este duro pero desafiante compromiso político y su quehacer, mi
especial saludo a la Mesa Directiva Nacional: a Patricio Martínez, Primer
Vicepresidente; Patricio Segura dirigente de Aysén y Segundo Vicepresidente; a
Vanessa Sabioncello, Secretaria General, a Héctor Cárcamo, dirigente sindical y
nuestro prosecretario nacional y a Igor Mora, en el cargo de Tesorero. Del
mismo modo, es importante reconocer el destacado trabajo de los 18 dirigentes
regionales que hoy nos acompañan, y que desde Arica a Punta Arenas han
desarrollado la tarea de construir política gremial y sindical en sus bases, ayudando
a la construcción de pequeños sindicatos de medios de norte a sur, participando
de las irrupciones de protestas regionales que exigen descentralización y colaborando
en fortalecer los procesos de debates constituyentes por región. Udo,
Indalicia, David, Ali, Marcel, Manuel, Daniel, Elisa, Giacomo, Yasna, Juan Carlos, Gustavo,
Maritza, Pedro, Karin, Leyla, Diana, Melissa, Jeimy y Marcelo, sin duda han marcado una clara señal de
compromiso e impulso en el fortalecimiento de nuestra organización.
Desgraciadamente, éste no ha sido un camino
sencillo. El escenario de extrema precariedad laboral del ejercicio
periodístico y del mundo de los trabajadores y trabajadoras de las
comunicaciones ha sido una de las principales dificultades a enfrentar. En el
actual contexto de precariedad y atomización, no es fácil conseguir
articulaciones fuertes.
Por ello, hemos desarrollado una intensa
labor que lejos de amparar una postura elitista de la profesión ha reiterado la
necesidad de organizarnos, no sólo como periodistas, sino también y
fundamentalmente como trabajadores. Hemos trabajado cotidianamente con diversos
sindicatos de las plataformas mediales a nivel nacional y en contacto con la
Central Unitaria de Trabajadores.
Qué importante es pronunciar este discurso
aquí frente a dirigentes sindicales de diversos medios de comunicación como los
sindicatos de El Mercurio de Valparaíso, Radio ADN, Televisión Nacional,
Megavisión, Canal 13 y tantos más, que han debido defender la estabilidad
mínima de sus trabajadores, expuestos muchas veces no sólo a condiciones
precarias, sino también a fenómenos como la polifuncionalidad, la falta de
protección a la salud, el no reconocimiento al derecho de propiedad
intelectual, el acoso sindical y las más extenuantes jornadas de trabajo, bajo
la absurda premisa de que la labor -al igual que la noticia- no tiene horario.
Por eso, hemos continuado en la mesa que
sostiene el ministerio del Trabajo junto a empleadores y trabajadores de las comunicaciones,
como única experiencia tripartita de este sector, que en la práctica sugiere
una instancia interesante, por ser similar a una negociación de carácter ramal.
Esperamos que sea un buen antecedente para, en el futuro próximo, desarrollar
algo como aquello. En dicha mesa hemos discutido, la moción parlamentaria
presentada a fines de 2014 por al diputado Lautaro Carmona que apoyaron distintos parlamentarios de la comisión de
trabajo de los más diversos sectores políticos -incluidos los independientes y
salvo la derecha-, que busca reformar el artículo 22 del Código del Trabajo,
que permite, por vía de una exclusividad que periodistas y trabajadores de las
comunicaciones no se atengan a la jornada horaria legal de 45 horas, cuestión
que más que una excepción se ha convertido en una regla abusiva para trabajadores
de medios, agencias y otras empresas informativas. Desgraciadamente esta mesa
de trabajo se ha tomado más del tiempo necesario, hemos debatido por meses
intensamente con empleadores y el Ejecutivo, sobre cómo mejorar la moción
parlamentaria.
Más allá de las obvias diferencias de
intereses, que están más que claras, consideramos que hay un único denominador
común posible: los periodistas y trabajadores de las comunicaciones tenemos
derecho a una jornada laboral ordinaria y debemos recibir pago por las horas
extras reguladas por ley. Por ello enfatizamos: hecha la experiencia de la
discusión tripartita con o sin acuerdo, corresponde materializar el compromiso del
Ejecutivo de poner urgencia a la moción mejorada cuanto antes, a modo de
reponer el debate en la Cámara de diputados este mes de julio.
Resulta más emblemático aún este planteo, luego
de la eterna discusión del proyecto de Reforma Laboral, que tras haber sido vetada por el
Tribunal Constitucional, luego del requerimiento presentado por la derecha al
que como muchas organizaciones fuimos a expresar nuestro rechazo; aún sigue
ilustrando la profunda convicción de los sectores más conservadores de Chile
por retardar garantías tan básicas como el derecho a huelga efectiva, los pisos
mínimos de negociación y la titularidad sindical. A nuestro juicio, esas
son premisas básicas para iniciar un largo camino hacia mayor equidad y
justicia para los trabajadores, que esperamos termine con el fin del Código Laboral
heredado de la dictadura.
No podemos obviar en este repaso por
nuestro sector, el reciente
triunfo de los 335 trabajadores de los Sindicatos Morgan y Servicios Gráficos Quilicura, que
recientemente conocieron del fallo de la Corte Suprema que declaró inadmisible
la solicitud de unificar jurisprudencia, última alternativa jurídica que le
quedaba a la empresa El Mercurio. Con ello, el máximo tribunal, ratificó la
sentencia de primera instancia que concedió totalmente la demanda de multirut interpuesta
por los dirigentes sindicales declarando que las imprentas han actuado como un
mismo empleador, con una manifiesta dirección laboral común, que el empleador
radica únicamente en la empresa el Mercurio y que las organizaciones sindicales
demandantes pueden afiliar a cualquier trabajador de esta empresa y pueden
representarlos en las negociaciones colectivas presentes y futuras.
Esto sienta un precedente interesante sobre la materia.
Especialmente para el caso de los
sindicatos 1 y 2 de la Empresa El Mercurio de Valparaíso SAP y para el
sindicato de Imprenta El Almendral, quienes también iniciaron en diciembre del
año pasado un proceso de demanda por multirut contra la empresa. Cabe destacar
que ya existe un precedente en esta materia a propósito del dictamen de
tribunales que definió que pese a la multiplicidad de rut asociados a Ibero
Americana Radio Chile (IARC), perteneciente al grupo Prisa, en todos los casos se
trata de una misma empresa.
Este tiempo, y en particular este año, ha
sido importante también en materia de derechos humanos. Este 2016 no sólo se
cumplen nuestros 60 años; también los 30 del brutal asesinato del colega y
dirigente del Colegio, José Carrasco Tapia, nuestro querido Pepone, y los 30
años, también (del emblemático caso) del brutal asesinato del joven fotógrafo Rodrigo
Rojas De Negri, cuya madre se encuentra aquí entre nosotros, Verónica De Negri,
a quien envío mi más fraternal saludo y para quien pido un aplauso por su
eterna lucha, compromiso y valentía.
Hace pocos días conocimos la reciente
sentencia dictada contra seis agentes de la CNI por el delito de homicidio
contra el periodista Augusto Carmona Acevedo. También supimos detalles del caso de Marta Ugarte, donde la complicidad de
la prensa en el crimen fue tristemente burda. Mientras el Ministro en Visita de
la Corte de Apelaciones de Santiago, Miguel Vázquez, dictó sentencia por el secuestro
y homicidio calificado de Marta contra 28 agentes de Estado, la prensa de la
época, consignó el hecho como un crimen pasional. Los periódicos El Mercurio,
La Tercera y La Segunda, únicos autorizados para circular por el régimen y que
hegemonizan casi la totalidad de los impresos de hoy, describieron a la víctima
como una bella joven, muerta producto de un crimen pasional.
Estos casos no hacen más que reforzar
nuestra definición de poner el ejercicio ético del periodismo como centralidad
de nuestras reflexiones. De hecho, nuestros tribunales de ética han sido muy
activos en el último tiempo, fallando hace poco más de un año con la sanción
máxima contra el ex colegiado Agustín Edwards, propietario hasta hoy de la
cadena de diarios que hegemoniza cerca del 60% de los impresos de país. Los
argumentos del fallo ratificado por el Tribunal Nacional de Ética, son
elocuentes: por un lado, el apoyo al proceso de desestabilización del gobierno
democráticamente electo del Presidente Allende y a la persecución política y
violaciones a los derechos humanos durante la dictadura, participando en
operaciones de desinformación. Por otro, el montaje periodístico de 1987 que
acusó en portada de El Mercurio a dos jóvenes que serían detenidos y torturados
por la CNI, por promover enfrentamientos durante la visita del Papa. La
falsedad de las imputaciones obligó a liberarlos sin cargos.
En esta misma línea de trabajo, este año como
Colegio de Periodistas y junto a las agrupaciones
de Familiares de Detenidos Desaparecidos y Ejecutados Políticos, solicitamos al ministro de la Corte Suprema
Mario Carroza que someta a procesamiento a Agustín Edwards, por sus
responsabilidades como autor de los delitos consumados de sedición y alzamiento
a mano armada contra el gobierno de Salvador Allende, en 1973.
El reconocimiento histórico de estos hechos
y de la complicidad de los medios en ellos, no viene más que a expresar la
voluntad del gremio de periodistas dispuesto a luchar por la profundización
democrática y no por su conspiración, además de ser un triunfo indiscutible
para quienes buscamos hacer justicia con los cómplices civiles de la dictadura.
Pero la ética no ha sido sólo un debate que tenga que ver con el periodismo de
antaño. Lo hemos dicho y lo reiteramos: la democracia del Chile actual, requiere
de un periodismo ético y responsable, que cumpla con su responsabilidad de
informar con vocación de veracidad y respeto a los derechos y que persiga la calidad:
que verifique fuentes, dude de los trascendidos y confronte el rumor con
investigación.
En ese sentido, y sobre las recientes
discusiones sobre la colisión de derechos, en determinadas publicaciones, que
terminaron con una querella de la ciudadana y Presidenta Michelle Bachelet insistimos:
La defensa del derecho a la comunicación, la
libertad de expresión y de prensa, así como el respeto a la honra de las
personas, son principios y valores que deben ser defendidos por toda sociedad
con estándares democráticos.
La libertad
de expresión es un derecho colectivo, que le pertenece a la ciudadanía toda y
no solo a los periodistas, quienes con nuestro trabajo hemos de cumplir el rol
social de hacer de puente para ayudar al ejercicio de ese derecho. Señalado
eso, el cuidado de esta garantía ha de tener siempre, como último objetivo,
proteger el bien común y no, intereses particulares, ni de personas ni de
holdings mediáticos. Por eso, para quienes defendemos este principio, siempre
es necesario realizar el análisis sobre eventuales colisiones de derechos o
acerca del ejercicio ético de la profesión.
Cuestión
distinta es nuestra perspectiva crítica y de claro rechazo a la actual
normativa del país, que en el artículo 29 de la Ley de Prensa alude al Código
Penal y establece la posibilidad de penas corporales a ciudadanos y periodistas.
Aquello puede implicar vulneración de derechos que consideramos fundamentales.
En ese sentido, y tal como denunciamos ante la Comisión Interamericana de
Derechos Humanos la condena de cárcel para los directores del semanario El
Ciudadano por el delito de injurias, evidentemente no nos gusta el camino de la
querella contra periodistas que tomó la Presidenta Bachelet.
Consideramos
que debió acudir a nuestros tribunales de Ética para abrir una profunda
discusión ética sobre el periodismo que se está desarrollando hoy. Es por eso
que resulta tan urgente que la autoridad comprenda la necesidad de devolver la
tuición ética a los colegios profesionales despojada a inicios de los 80 en
plena dictadura, para lo que es necesario dar urgencia al proyecto de ley que se
encuentra dormido en el parlamento desde el primer gobierno de la presidenta
Michelle Bachelet. Eso permitirá avanzar en tener instancias que permitan reflexionar
y contar con sanciones éticas para aquellos que se distancien de su rol.
Además, permitirá entender, que los Colegios Profesionales no han de hacer defensas
corporativas, sino defensas de principios éticos que fortalezcan su quehacer y
el sistema democrático.
Es una lástima que opiniones oportunistas sobre la
defensa de la libertad de expresión hayan intentado castrar este debate confundiendo
libertad de expresión con libertinaje e instalando a quienes pusimos la
perspectiva ética como contrarios a la defensa del periodismo. Como Colegio de
Periodistas hemos tenido una vocación unívoca de proteger la garantía de
libertad de expresión en su amplia magnitud y como derecho colectivo, pero no
como un absoluto, sino como un derecho que tiene responsabilidades, como la
vocación de un periodismo ético, responsable y diverso, al servicio de los
derechos de las personas y cuyo escenario ideal debe contar con regulaciones
especiales que fomenten el pluralismo y regulen la formación de oligopolios y
monopolios mediales que pueden direccionar maliciosamente la información, según
sus intereses. Hacer caso omiso de aquello y decir que se defiende la libertad
de expresión, es optar por un debate oportunista.
Justamente el proyecto de tuición ética a
los colegios profesionales y el fin de las penas corporales a las faltas
asociadas al ejercicio periodístico, son dos temas que nuestro gremio resolvió desarrollar
en una agenda de trabajo con la Bancada Transversal por la Democratización de
las Comunicaciones que impulsamos este año junto a diversos senadores y
diputados, varios de ellos aquí presentes. Esta iniciativa se suma a la red
académica por el derecho a la comunicación, donde el Colegio de Periodistas convocó a una decena de universidades
tradicionales de norte a sur que se articulan por vez primera para poner sobre
la mesa el ejercicio crítico y la necesidad de construir teoría como insumo
para futuras políticas públicas sobre comunicaciones. También están aquí muchos
de los directores y decanos que participan de dicha instancia, a quienes
saludamos fraternalmente.
Con la Bancada Transversal, hemos insistido
ante el Ejecutivo en la necesidad de dotar de mayor pluralismo al sistema mediático,
incluyendo materias como el fortalecimiento de los medios públicos y
comunitarios, con quienes hemos trabajado muy de cerca y que aún siguen siendo
perseguidos en Chile, por la existencia del artículo 36b de la ley General de Telecomunicaciones
que hemos apoyado en modificar insistiendo en el fin a las penas corporales y
al decomiso de los equipos, en medio del debate de la moción que se discute en
el Senado.
Cabe destacar, el proyecto de ley primero y
de acuerdo después, que presentamos junto al ex Presidente del Colegio de
Periodistas y hoy Senador Alejandro Guillier, que busca regular la equidad en
la entrega del avisaje estatal, con criterios territoriales y democráticos,
permitiendo sentar las bases para avanzar en más pluralismo medial. Podemos
comprender que no sea la iniciativa ideal, o que no guste lo suficiente al Ejecutivo,
pero sí creemos que abre un debate que debemos dar, a modo de contar con un
proyecto que se pueda aprobar en el Parlamento que garantice mayor equidad en
la entrega de recursos públicos por vía del avisaje. Sin el respaldo del
gobierno esta iniciativa legal no podrá concretarse.
Del mismo modo, nos parece extremadamente
trascendente la discusión que después de décadas se comienza a dar sobre la
estructura directiva y de financiamiento de TVN. Si bien valoramos que el
Gobierno haya cumplido lo comprometido en su programa y haya decidido avanzar
en esta materia a través de una indicación sustitutiva en el Senado, nos
preocupa que esta discusión se dé en tercer trámite legislativo, lo que
dificulta la participación de los diputados o de otros actores sociales en el
fondo del debate. Se lo dijimos al Ministro Díaz, nos hubiese gustado mayor
debate pre legislativo en esta materia.
Nos parece que el proyecto tiene
interesantes avances como incorporar el financiamiento de la señal cultural por
parte del Estado, pero nos preocupa que se excluya la posibilidad de entregar por
ley recursos a la señal generalista de TVN acogiendo el argumento neoliberal de
que eso sería competencia “desleal” con los privados. Después de todo, nadie
cuestiona al señor Luksic o al señor Ángel González por aportar día a día
recursos a los canales de su propiedad. Nos preocupa, también que se proponga
que la nueva estructura de directorio de TVN será debatida sólo por el Senado,
la cámara más conservadora del Parlamento, muchos de cuyos miembros -aún tras la próxima elección- continuarán
habiendo sido electos por el sistema binominal. Con todo, participaremos
del debate en el Congreso, en todo cuanto podamos para plantear estos
puntos.
Por último, quisiera insistir en la
urgencia de regular la extrema concentración de la propiedad de los medios de
comunicación en Chile. Ya lo hemos denunciado ante la Comisión Interamericana
de Derechos Humanos, donde ilustramos el negativo impacto que provoca en el
derecho a la información y libre expresión del pueblo chileno. Recientemente,
acudimos a la Fiscalía Nacional Económica para solicitar al Fiscal un estudio frente
a lo que a nuestro juicio, demuestra un mercado imperfecto, donde hay monopolios
y oligopolios, además de concentración horizontal y vertical. Sin embargo, la
respuesta de este organismo autónomo del Estado fue cuando menos apática, con
absoluto desinterés por estudiar la materia que denunciamos, aludiendo a falta
de tiempo y recursos. Lamentablemente aquello perpetúa la ausencia de políticas
públicas que prevengan la concentración mediática, para lo cual lo primero es
contar con un diagnóstico acabado al respecto.
En este punto también quisiéramos aprovechar
de rechazar la decisión unilateral de la operadora de cable VTR, controlada por
la televisora estadounidense Liberty Global, de eliminar de su grilla
programática los canales asociados al grupo TVI/Filmocentro: Vía X, ART TV y
Zona Latina. Nos parece que aquello, va
más allá de un simple conflicto entre privados.
Es, en la práctica, un efecto concreto de los altos niveles de
concentración mediática que hemos descrito aquí. En este caso, en el mercado de
la televisión de pago, cuyo actor principal es VTR, quien concentra un 34,7 %
de los abonados de la televisión pagada (es decir más de 1 millón de clientes).
Nos parece que este caso devela que en la práctica hoy una empresa extranjera
puede decidir por simples criterios de mercado, a qué programación accederá
cierta parte de la ciudadanía, sin
ninguna regulación.
Como hemos señalado, es necesario reiterar
la urgencia por dejar atrás la ya agotada etapa de “transición pactada”,
obviando viejas consignas que expulsaron las políticas públicas de comunicación
del debate nacional. Hoy, más que nunca, Chile requiere iniciar un diálogo
social sobre comunicaciones democráticas. Los debates constituyentes son una
oportunidad para aquello, pero también se requiere de la voluntad política de
la autoridad para avanzar en debates en los que hoy, no mañana, podemos
avanzar.
Tenemos la certeza de que aunque a algunos
no les guste y surjan oposiciones ideológicas burdas, es necesario dar este
debate. De lo contrario, ninguna reforma democrática podrá abrirse espacio en discusiones
públicas diversas y lo suficientemente explicativas, que incorporen variados
puntos de vista. Enfatizamos: la complejidad política de los discursos que se
resisten a los cambios, y el temor por perder privilegios de quienes controlan
las grandes riquezas de este país, no pueden nublar los ánimos de quienes han
comprometido profundizar la democracia. Ni la supuesta escases, ni el discurso
atemorizador sobre el fortalecimiento del Estado o sobre los tiempos de crisis
económica -que amparan algunas grandes cadenas mediales-, deben hacer
retroceder el avance de un pueblo más consciente y exigente de sus derechos,
con ansias de participación.
Hacemos un llamado a no perder el
horizonte, estamos convencidos de que los problemas
de la democracia se resuelven con más democracia: cumpliendo los
compromisos adquiridos de manera abierta, de cara a la ciudadanía y con
participación incidente. Allí estará nuestro compromiso.
Feliz día, colegas.
Muchas gracias.
JAVIERA OLIVARES
MARDONES
PRESIDENTA NACIONAL
SANTIAGO, 11 DE JULIO DE 2016
