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Discurso de Javiera Olivares en el 60º aniversario del Colegio de Periodistas de Chile

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Quiero comenzar saludando a la hermosa y amplia convocatoria que vemos en este salón. Saludar a los Ministros y ministras, parlamentarios, alcaldes, a la presidenta de la Central Unitaria de Trabajadores, a los dirigentes sindicales y de organizaciones sociales, embajadores y representantes del cuerpo diplomático, a las agrupaciones de derechos humanos, a los representantes del mundo del arte y la cultura, a los trabajadores y trabajadoras de las comunicaciones, a los dirigentes estudiantiles, a los colegas, compañeros y compañeras, en especial, también, a los dirigentes del Colegio de Periodistas que han llegado de todo el país para estar acá presentes.  Amigos y amigas.   

Como se ha dicho antes, no es fácil sintetizar el legado político de sesenta años de historia en un solo acto, tampoco en un puñado de palabras. No es fácil especialmente hoy, 11 de julio de 2016, que junto con ser el día de nuestro aniversario, representa también el llamado día de la dignidad nacional, que conmemora la nacionalización del cobre, llevada a cabo un 11 de julio de 1971 por el Presidente Salvador Allende Gossens y que como derecho arrebatado en plena dictadura, hoy ha estado puesto sobre el debate a propósito de la supuesta escasez de recursos para financiar reformas que profundizan los derechos sociales, y especialmente por el millonario desfalco que hicieran miembros del Ejército de Chile a la Ley Reservada del Cobre, lo que conocimos gracias a la investigación periodística del denominado “Milico Gate”.

Este 11 de julio de 2016, se enmarca en un momento político y social particular para Chile. En palabras del último informe de Desarrollo Humano del PNUD, la sociedad chilena está viviendo un proceso de debate sobre materias que antes parecían incuestionables, preguntándose qué se debe cambiar y cómo.
Con la explosión estudiantil de 2011 como punto de inflexión, donde las diversas organizaciones sociales nos aglutinamos tras la exigencia de un derecho y sobre todo del derecho a tener derechos, Chile inició un proceso de discusión ideológica en el debate político social que hoy parece irrefrenable, y que se ha visto agudizado por los casos de corrupción que han vinculado a altos personeros del empresariado y la política. Algunos de los cuales, conocimos gracias a osadas investigaciones periodísticas y que parecieron quererse acallar por algunos senadores y por el antiguo Ministro del Interior, quienes en el marco de la agenda anti delincuencia que se discutía en el Parlamento, incorporaron una indicación que buscaba recrudecer la aplicación de las sanciones por filtraciones sobre procesos judiciales en curso. Justo cuando la prensa daba a conocer los correos entre el ex ministro y ex senador Pablo Longueira y el gerente general de la Sociedad Química y Minera de Chile, SOQUIMICH, que contenían la redacción de un artículo sobre el impuesto a la minería que luego se incluyó en la ley.  Luego de un intenso rechazo por parte de los periodistas organizados de Chile, conseguimos que el Parlamento terminara por rechazar la llamada Ley Mordaza.

Pero en este tiempo de cuestionamientos, las dudas y las desconfianzas no sólo han sido parte de los relatos periodísticos, sino también de la discusión popular. Los debates se están dando en las calles, en las aulas estudiantiles, en los sindicatos y los gremios, en las comunidades de los territorios que sufren impactos socioambientales a causa de un modelo extractivista, en todos, se discute sobre transformaciones que profundizan la democracia y cuestionan el actual modelo social y político, en una especie de discusión constituyente o pre-constituyente, con miras a redactar una Nueva Constitución para Chile que destierre esa que nos heredara la Comisión designada por el dictador. Lo interesante es que, tal como dijera el periodista y escritor uruguayo Eduardo Galeano, es muy probable que de las dudas surjan las certezas. Y de la duda sobre cuán capaces éramos de asumir el legado político de periodistas y trabajadores de las comunicaciones que en 60 años, incluso arriesgaron sus vidas por el derecho a expresarse libremente, surgió nuestra certeza de instalar los desafíos urgentes de la actual democracia en materia de comunicaciones.

Por eso, decidimos trabajar para incidir en el actual proceso político e incorporar nuestros propios debates al itinerario constituyente anunciado por el Gobierno, que esperamos culmine en una Asamblea Constituyente, tal como lo planteamos tras acuerdo unánime de nuestro Congreso Nacional de Arica de abril de 2015. Bajo ese mandato, realizamos cerca de 20 Encuentros Locales Autoconvocados a lo largo de todos nuestros regionales desde Arica a Punta Arenas y continuaremos participando de los próximos cabildos provinciales y regionales que vengan.

Estos han sido arduos tiempos de trabajo, donde hemos decidido instalar como centralidad política de nuestro quehacer la urgente necesidad de democratizar el sistema de medios chileno y el deber del Estado de garantizar el derecho humano a la comunicación y libre expresión de la ciudadanía, entendida como derecho colectivo y no como el derecho de unos pocos que tienen la capacidad económica para instalar un medio de comunicación y mantenerlo en el cada vez más concentrado e imperfecto sistema de medios chileno.

Ello ha significado confrontar directamente el principio del modelo de post dictadura y proceso transicional que ha dejado esta garantía -como tantas otras- a merced del mercado, naturalizando ese discurso hegemónico donde la libertad de prensa, es más bien entendida como una libertad de empresa, que invisibiliza a su antojo determinados sectores  de la sociedad o todo discurso crítico del modelo neoliberal imperante, porque no le son rentables.
Vaya mi reconocimiento a quienes me han acompañado en este duro pero desafiante compromiso político y su quehacer, mi especial saludo a la Mesa Directiva Nacional: a Patricio Martínez, Primer Vicepresidente; Patricio Segura dirigente de Aysén y Segundo Vicepresidente; a Vanessa Sabioncello, Secretaria General, a Héctor Cárcamo, dirigente sindical y nuestro prosecretario nacional y a Igor Mora, en el cargo de Tesorero. Del mismo modo, es importante reconocer el destacado trabajo de los 18 dirigentes regionales que hoy nos acompañan, y que desde Arica a Punta Arenas han desarrollado la tarea de construir política gremial y sindical en sus bases, ayudando a la construcción de pequeños sindicatos de medios de norte a sur, participando de las irrupciones de protestas regionales que exigen descentralización y colaborando en fortalecer los procesos de debates constituyentes por región. Udo, Indalicia, David, Ali, Marcel, Manuel, Daniel, Elisa,  Giacomo, Yasna, Juan Carlos, Gustavo, Maritza,  Pedro,  Karin, Leyla,  Diana, Melissa, Jeimy y Marcelo,  sin duda han marcado una clara señal de compromiso e impulso en el fortalecimiento de nuestra organización. 

Desgraciadamente, éste no ha sido un camino sencillo. El escenario de extrema precariedad laboral del ejercicio periodístico y del mundo de los trabajadores y trabajadoras de las comunicaciones ha sido una de las principales dificultades a enfrentar. En el actual contexto de precariedad y atomización, no es fácil conseguir articulaciones fuertes.

Por ello, hemos desarrollado una intensa labor que lejos de amparar una postura elitista de la profesión ha reiterado la necesidad de organizarnos, no sólo como periodistas, sino también y fundamentalmente como trabajadores. Hemos trabajado cotidianamente con diversos sindicatos de las plataformas mediales a nivel nacional y en contacto con la Central Unitaria de Trabajadores.

Qué importante es pronunciar este discurso aquí frente a dirigentes sindicales de diversos medios de comunicación como los sindicatos de El Mercurio de Valparaíso, Radio ADN, Televisión Nacional, Megavisión, Canal 13 y tantos más, que han debido defender la estabilidad mínima de sus trabajadores, expuestos muchas veces no sólo a condiciones precarias, sino también a fenómenos como la polifuncionalidad, la falta de protección a la salud, el no reconocimiento al derecho de propiedad intelectual, el acoso sindical y las más extenuantes jornadas de trabajo, bajo la absurda premisa de que la labor -al igual que la noticia- no tiene horario.
Por eso, hemos continuado en la mesa que sostiene el ministerio del Trabajo junto a empleadores y trabajadores de las comunicaciones, como única experiencia tripartita de este sector, que en la práctica sugiere una instancia interesante, por ser similar a una negociación de carácter ramal. Esperamos que sea un buen antecedente para, en el futuro próximo, desarrollar algo como aquello. En dicha mesa hemos discutido, la moción parlamentaria presentada a fines de 2014 por al diputado Lautaro Carmona que apoyaron  distintos parlamentarios de la comisión de trabajo de los más diversos sectores políticos -incluidos los independientes y salvo la derecha-, que busca reformar el artículo 22 del Código del Trabajo, que permite, por vía de una exclusividad que periodistas y trabajadores de las comunicaciones no se atengan a la jornada horaria legal de 45 horas, cuestión que más que una excepción se ha convertido en una regla abusiva para trabajadores de medios, agencias y otras empresas informativas. Desgraciadamente esta mesa de trabajo se ha tomado más del tiempo necesario, hemos debatido por meses intensamente con empleadores y el Ejecutivo, sobre cómo mejorar la moción parlamentaria.

Más allá de las obvias diferencias de intereses, que están más que claras, consideramos que hay un único denominador común posible: los periodistas y trabajadores de las comunicaciones tenemos derecho a una jornada laboral ordinaria y debemos recibir pago por las horas extras reguladas por ley. Por ello enfatizamos: hecha la experiencia de la discusión tripartita con o sin acuerdo, corresponde materializar el compromiso del Ejecutivo de poner urgencia a la moción mejorada cuanto antes, a modo de reponer el debate en la Cámara de diputados este mes de julio.

Resulta más emblemático aún este planteo, luego de la eterna discusión del proyecto de Reforma Laboral, que tras haber sido vetada por el Tribunal Constitucional, luego del requerimiento presentado por la derecha al que como muchas organizaciones fuimos a expresar nuestro rechazo; aún sigue ilustrando la profunda convicción de los sectores más conservadores de Chile por retardar garantías tan básicas como el derecho a huelga efectiva, los pisos mínimos de negociación y la titularidad sindical. A nuestro juicio, esas son premisas básicas para iniciar un largo camino hacia mayor equidad y justicia para los trabajadores, que esperamos termine con el fin del Código Laboral heredado de la dictadura.

No podemos obviar en este repaso por nuestro sector, el reciente triunfo de los 335 trabajadores de los Sindicatos Morgan y Servicios Gráficos Quilicura, que recientemente conocieron del fallo de la Corte Suprema que declaró inadmisible la solicitud de unificar jurisprudencia, última alternativa jurídica que le quedaba a la empresa El Mercurio. Con ello, el máximo tribunal, ratificó la sentencia de primera instancia que concedió totalmente la demanda de multirut interpuesta por los dirigentes sindicales declarando que las imprentas han actuado como un mismo empleador, con una manifiesta dirección laboral común, que el empleador radica únicamente en la empresa el Mercurio y que las organizaciones sindicales demandantes pueden afiliar a cualquier trabajador de esta empresa y pueden representarlos en las negociaciones colectivas presentes y futuras.

Esto sienta un precedente interesante sobre la materia. Especialmente para el caso de los sindicatos 1 y 2 de la Empresa El Mercurio de Valparaíso SAP y para el sindicato de Imprenta El Almendral, quienes también iniciaron en diciembre del año pasado un proceso de demanda por multirut contra la empresa. Cabe destacar que ya existe un precedente en esta materia a propósito del dictamen de tribunales que definió que pese a la multiplicidad de rut asociados a Ibero Americana Radio Chile (IARC), perteneciente al grupo Prisa, en todos los casos se trata de una misma empresa.

Este tiempo, y en particular este año, ha sido importante también en materia de derechos humanos. Este 2016 no sólo se cumplen nuestros 60 años; también los 30 del brutal asesinato del colega y dirigente del Colegio, José Carrasco Tapia, nuestro querido Pepone, y los 30 años, también (del emblemático caso) del brutal asesinato del joven fotógrafo Rodrigo Rojas De Negri, cuya madre se encuentra aquí entre nosotros, Verónica De Negri, a quien envío mi más fraternal saludo y para quien pido un aplauso por su eterna lucha, compromiso y valentía.
Hace pocos días conocimos la reciente sentencia dictada contra seis agentes de la CNI por el delito de homicidio contra el periodista Augusto Carmona Acevedo. También supimos detalles del  caso de Marta Ugarte, donde la complicidad de la prensa en el crimen fue tristemente burda. Mientras el Ministro en Visita de la Corte de Apelaciones de Santiago, Miguel Vázquez, dictó sentencia por el secuestro y homicidio calificado de Marta contra 28 agentes de Estado, la prensa de la época, consignó el hecho como un crimen pasional. Los periódicos El Mercurio, La Tercera y La Segunda, únicos autorizados para circular por el régimen y que hegemonizan casi la totalidad de los impresos de hoy, describieron a la víctima como una bella joven, muerta producto de un crimen pasional.
Estos casos no hacen más que reforzar nuestra definición de poner el ejercicio ético del periodismo como centralidad de nuestras reflexiones. De hecho, nuestros tribunales de ética han sido muy activos en el último tiempo, fallando hace poco más de un año con la sanción máxima contra el ex colegiado Agustín Edwards, propietario hasta hoy de la cadena de diarios que hegemoniza cerca del 60% de los impresos de país. Los argumentos del fallo ratificado por el Tribunal Nacional de Ética, son elocuentes: por un lado, el apoyo al proceso de desestabilización del gobierno democráticamente electo del Presidente Allende y a la persecución política y violaciones a los derechos humanos durante la dictadura, participando en operaciones de desinformación. Por otro, el montaje periodístico de 1987 que acusó en portada de El Mercurio a dos jóvenes que serían detenidos y torturados por la CNI, por promover enfrentamientos durante la visita del Papa. La falsedad de las imputaciones obligó a liberarlos sin cargos.
En esta misma línea de trabajo, este año como Colegio de Periodistas y junto a las agrupaciones de Familiares de Detenidos Desaparecidos y Ejecutados Políticos,  solicitamos al ministro de la Corte Suprema Mario Carroza que someta a procesamiento a Agustín Edwards, por sus responsabilidades como autor de los delitos consumados de sedición y alzamiento a mano armada contra el gobierno de Salvador Allende, en 1973.
El reconocimiento histórico de estos hechos y de la complicidad de los medios en ellos, no viene más que a expresar la voluntad del gremio de periodistas dispuesto a luchar por la profundización democrática y no por su conspiración, además de ser un triunfo indiscutible para quienes buscamos hacer justicia con los cómplices civiles de la dictadura. Pero la ética no ha sido sólo un debate que tenga que ver con el periodismo de antaño. Lo hemos dicho y lo reiteramos: la democracia del Chile actual, requiere de un periodismo ético y responsable, que cumpla con su responsabilidad de informar con vocación de veracidad y respeto a los derechos y que persiga la calidad: que verifique fuentes, dude de los trascendidos y confronte el rumor con investigación.
En ese sentido, y sobre las recientes discusiones sobre la colisión de derechos, en determinadas publicaciones, que terminaron con una querella de la ciudadana y Presidenta Michelle Bachelet insistimos: La defensa del derecho a la comunicación, la libertad de expresión y de prensa, así como el respeto a la honra de las personas, son principios y valores que deben ser defendidos por toda sociedad con estándares democráticos.
La libertad de expresión es un derecho colectivo, que le pertenece a la ciudadanía toda y no solo a los periodistas, quienes con nuestro trabajo hemos de cumplir el rol social de hacer de puente para ayudar al ejercicio de ese derecho. Señalado eso, el cuidado de esta garantía ha de tener siempre, como último objetivo, proteger el bien común y no, intereses particulares, ni de personas ni de holdings mediáticos. Por eso, para quienes defendemos este principio, siempre es necesario realizar el análisis sobre eventuales colisiones de derechos o acerca del ejercicio ético de la profesión.
Cuestión distinta es nuestra perspectiva crítica y de claro rechazo a la actual normativa del país, que en el artículo 29 de la Ley de Prensa alude al Código Penal y establece la posibilidad de penas corporales a ciudadanos y periodistas. Aquello puede implicar vulneración de derechos que consideramos fundamentales. En ese sentido, y tal como denunciamos ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos la condena de cárcel para los directores del semanario El Ciudadano por el delito de injurias, evidentemente no nos gusta el camino de la querella contra periodistas que tomó la Presidenta Bachelet.
Consideramos que debió acudir a nuestros tribunales de Ética para abrir una profunda discusión ética sobre el periodismo que se está desarrollando hoy. Es por eso que resulta tan urgente que la autoridad comprenda la necesidad de devolver la tuición ética a los colegios profesionales despojada a inicios de los 80 en plena dictadura, para lo que es necesario dar urgencia al proyecto de ley que se encuentra dormido en el parlamento desde el primer gobierno de la presidenta Michelle Bachelet. Eso permitirá avanzar en tener instancias que permitan reflexionar y contar con sanciones éticas para aquellos que se distancien de su rol. Además, permitirá entender, que los Colegios Profesionales no han de hacer defensas corporativas, sino defensas de principios éticos que fortalezcan su quehacer y el sistema democrático.
Es una lástima que opiniones oportunistas sobre la defensa de la libertad de expresión hayan intentado castrar este debate confundiendo libertad de expresión con libertinaje e instalando a quienes pusimos la perspectiva ética como contrarios a la defensa del periodismo. Como Colegio de Periodistas hemos tenido una vocación unívoca de proteger la garantía de libertad de expresión en su amplia magnitud y como derecho colectivo, pero no como un absoluto, sino como un derecho que tiene responsabilidades, como la vocación de un periodismo ético, responsable y diverso, al servicio de los derechos de las personas y cuyo escenario ideal debe contar con regulaciones especiales que fomenten el pluralismo y regulen la formación de oligopolios y monopolios mediales que pueden direccionar maliciosamente la información, según sus intereses. Hacer caso omiso de aquello y decir que se defiende la libertad de expresión, es optar por un debate oportunista.
Justamente el proyecto de tuición ética a los colegios profesionales y el fin de las penas corporales a las faltas asociadas al ejercicio periodístico, son dos temas que nuestro gremio resolvió desarrollar en una agenda de trabajo con la Bancada Transversal por la Democratización de las Comunicaciones que impulsamos este año junto a diversos senadores y diputados, varios de ellos aquí presentes. Esta iniciativa se suma a la red académica por el derecho a la comunicación, donde el Colegio de Periodistas  convocó a una decena de universidades tradicionales de norte a sur que se articulan por vez primera para poner sobre la mesa el ejercicio crítico y la necesidad de construir teoría como insumo para futuras políticas públicas sobre comunicaciones. También están aquí muchos de los directores y decanos que participan de dicha instancia, a quienes saludamos fraternalmente.
Con la Bancada Transversal, hemos insistido ante el Ejecutivo en la necesidad de dotar de mayor pluralismo al sistema mediático, incluyendo materias como el fortalecimiento de los medios públicos y comunitarios, con quienes hemos trabajado muy de cerca y que aún siguen siendo perseguidos en Chile, por la existencia del artículo 36b de la ley General de Telecomunicaciones que hemos apoyado en modificar insistiendo en el fin a las penas corporales y al decomiso de los equipos, en medio del debate de la moción que se discute en el Senado.

Cabe destacar, el proyecto de ley primero y de acuerdo después, que presentamos junto al ex Presidente del Colegio de Periodistas y hoy Senador Alejandro Guillier, que busca regular la equidad en la entrega del avisaje estatal, con criterios territoriales y democráticos, permitiendo sentar las bases para avanzar en más pluralismo medial. Podemos comprender que no sea la iniciativa ideal, o que no guste lo suficiente al Ejecutivo, pero sí creemos que abre un debate que debemos dar, a modo de contar con un proyecto que se pueda aprobar en el Parlamento que garantice mayor equidad en la entrega de recursos públicos por vía del avisaje. Sin el respaldo del gobierno esta iniciativa legal no podrá concretarse.

Del mismo modo, nos parece extremadamente trascendente la discusión que después de décadas se comienza a dar sobre la estructura directiva y de financiamiento de TVN. Si bien valoramos que el Gobierno haya cumplido lo comprometido en su programa y haya decidido avanzar en esta materia a través de una indicación sustitutiva en el Senado, nos preocupa que esta discusión se dé en tercer trámite legislativo, lo que dificulta la participación de los diputados o de otros actores sociales en el fondo del debate. Se lo dijimos al Ministro Díaz, nos hubiese gustado mayor debate pre legislativo en esta materia.

Nos parece que el proyecto tiene interesantes avances como incorporar el financiamiento de la señal cultural por parte del Estado, pero nos preocupa que se excluya la posibilidad de entregar por ley recursos a la señal generalista de TVN acogiendo el argumento neoliberal de que eso sería competencia “desleal” con los privados. Después de todo, nadie cuestiona al señor Luksic o al señor Ángel González por aportar día a día recursos a los canales de su propiedad. Nos preocupa, también que se proponga que la nueva estructura de directorio de TVN será debatida sólo por el Senado, la cámara más conservadora del Parlamento, muchos de cuyos miembros -aún tras la próxima elección- continuarán habiendo sido electos por el sistema binominal. Con todo, participaremos del debate en el Congreso, en todo cuanto podamos para plantear estos puntos. 

Por último, quisiera insistir en la urgencia de regular la extrema concentración de la propiedad de los medios de comunicación en Chile. Ya lo hemos denunciado ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, donde ilustramos el negativo impacto que provoca en el derecho a la información y libre expresión del pueblo chileno. Recientemente, acudimos a la Fiscalía Nacional Económica para solicitar al Fiscal un estudio frente a lo que a nuestro juicio, demuestra un mercado imperfecto, donde hay monopolios y oligopolios, además de concentración horizontal y vertical. Sin embargo, la respuesta de este organismo autónomo del Estado fue cuando menos apática, con absoluto desinterés por estudiar la materia que denunciamos, aludiendo a falta de tiempo y recursos. Lamentablemente aquello perpetúa la ausencia de políticas públicas que prevengan la concentración mediática, para lo cual lo primero es contar con un diagnóstico acabado al respecto.

En este punto también quisiéramos aprovechar de rechazar la decisión unilateral de la operadora de cable VTR, controlada por la televisora estadounidense Liberty Global, de eliminar de su grilla programática los canales asociados al grupo TVI/Filmocentro: Vía X, ART TV y Zona Latina.  Nos parece que aquello, va más allá de un simple conflicto entre privados.  Es, en la práctica, un efecto concreto de los altos niveles de concentración mediática que hemos descrito aquí. En este caso, en el mercado de la televisión de pago, cuyo actor principal es VTR, quien concentra un 34,7 % de los abonados de la televisión pagada (es decir más de 1 millón de clientes). Nos parece que este caso devela que en la práctica hoy una empresa extranjera puede decidir por simples criterios de mercado, a qué programación accederá cierta parte  de la ciudadanía, sin ninguna regulación.

Como hemos señalado, es necesario reiterar la urgencia por dejar atrás la ya agotada etapa de “transición pactada”, obviando viejas consignas que expulsaron las políticas públicas de comunicación del debate nacional. Hoy, más que nunca, Chile requiere iniciar un diálogo social sobre comunicaciones democráticas. Los debates constituyentes son una oportunidad para aquello, pero también se requiere de la voluntad política de la autoridad para avanzar en debates en los que hoy, no mañana, podemos avanzar.

Tenemos la certeza de que aunque a algunos no les guste y surjan oposiciones ideológicas burdas, es necesario dar este debate. De lo contrario, ninguna reforma democrática podrá abrirse espacio en discusiones públicas diversas y lo suficientemente explicativas, que incorporen variados puntos de vista. Enfatizamos: la complejidad política de los discursos que se resisten a los cambios, y el temor por perder privilegios de quienes controlan las grandes riquezas de este país, no pueden nublar los ánimos de quienes han comprometido profundizar la democracia. Ni la supuesta escases, ni el discurso atemorizador sobre el fortalecimiento del Estado o sobre los tiempos de crisis económica -que amparan algunas grandes cadenas mediales-, deben hacer retroceder el avance de un pueblo más consciente y exigente de sus derechos, con ansias de participación.

Hacemos un llamado a no perder el horizonte, estamos convencidos de que los problemas de la democracia se resuelven con más democracia: cumpliendo los compromisos adquiridos de manera abierta, de cara a la ciudadanía y con participación incidente. Allí estará nuestro compromiso.
Feliz día, colegas.
Muchas gracias.

JAVIERA OLIVARES MARDONES
PRESIDENTA NACIONAL


SANTIAGO, 11 DE JULIO DE 2016