"La concentración mediática provoca conflictos de interés y ampara escenarios de corrupción"

Colegio de Periodistas ante Comisión contra los Conflictos de Interés, Tráfico de Influencias y Corrupción.      Derechos como la libertad de expresión y prensa, y el acceso a la información, no son garantizados cuando sistema informativo solo se regula por el mercado.      Ante esto, dirigentes de la organización hicieron una serie de propuestas que apuntan a limitar los monopolios y oligopolios de los medios. 

Una serie de propuestas tendientes a cambiar las condiciones que distorsionan el sistema de medios de comunicación chileno, el cual no garantiza el derecho a la comunicación de los ciudadanos, hizo el Colegio de Periodistas de Chile durante la última audiencia del Consejo Asesor Presidencial contra los Conflictos de Interés, Tráfico de Influencias y Corrupción.  En la presentación, realizada el jueves 2 de abril en La Moneda, participaron la presidenta Javiera Olivares, el primer vicepresidente Patricio Martínez y el segundo vicepresidente Patricio Segura.

En la cita los dirigentes explicaron en detalle severos conflictos de interés en el sistema de medios chileno. Plantearon que la concentración de la propiedad de los medios de comunicación masiva afecta la provisión de derechos sociales esenciales, como la libertad de expresión, de prensa y el acceso a la información, por lo que también es un espacio que se debe regular.

“La propia Organización de Estados Americanos ha dejado en claro que la concentración mediática atenta contra los derechos asociados a la comunicación y que el control abusivo de los medios por grupos económicos atenta contra la pluralidad y afecta la democracia. Hoy más que nunca, tras los episodios que hemos conocido, Chile debe abrir una discusión para democratizar el sistema de medios y desconcentrar su propiedad ", indicó Javiera Olivares.  Agregó que la concentración “provoca conflictos de interés y ampara escenarios de corrupción”.

Durante su exposición, el Colegio de Periodistas hizo un amplio examen al sistema mediático nacional donde el mercado de la prensa escrita contempla un duopolio compuesto por los grupos Copesa y El Mercurio, en el de la radiodifusión cuatro grupos controlan gran parte de lo que los chilenos y chilenas escuchan, y en la televisión se da un oligopolio de industria privada, no hay universitaria, la TV pública se financia por publicidad y se ha extranjerizado la propiedad.

Patricio Segura, en tanto, entregó ejemplos sobre los efectos que esta realidad ha generado.  Uno de ellos cuando El Diario Financiero censuró una columna de Claudio Agostini que aludía a una empresa vinculada a los dueños del medio.  Otros, los múltiples informaciones relevantes que no tienen mayor cobertura en los noticieros de televisión porque afectan a sus grupos controladores o, incluso, a sus auspiciadores.  “Si la libertad de expresión, de prensa y el acceso a la información fueran simples mercancías, hasta podría aceptarse esta realidad.  Pero estamos hablando de derechos humanos fundamentales” señaló el dirigente.

Propuestas

El Colegio de Periodistas planteó diversas propuestas tanto de carácter administrativo como normativo.

La primera, “abrir una discusión constituyente que incorpore en la nueva Constitución la garantía efectiva del derecho a la comunicación en sus tres componentes: libertad de prensa, libertad de expresión, acceso a la información. Aquello debe incluir normas que limiten concentración privada y no referirse solo al ámbito de estatal”.

La necesidad de regular la propiedad horizontal (muchos medios del mismo tipo), vertical (muchos medios de distinto tipo) y cruzada (cuando un actor controla servicios esenciales para sus competidores, por ejemplo, la distribución de medios impresos como es el caso de Meta que pertenece a Copesa).    Cesto se suma garantizar el establecimiento de tres sectores de medios de comunicación: privados, públicos (financiamiento directo a TVN y reevaluar un impreso no gubernamental) y comunitarios/locales sin fines de lucro, revalorizando además el rol del Estado como productor de contenidos informativos y culturales.

Se propuso también que se avance en la distribución equitativa del espectro radioeléctrico en virtud de criterios democráticos y plurales, y no de transacción de mercados. A esto se suman normas que garanticen la distribución equitativa del avisaje estatal.

Por último, se planteó la necesidad de transparentar la estructura de los mercados mediales y el rating, el acceso efectivo a información pública y crear la figura del Ombudsman en términos mediáticos.