Colegio de Periodistas ante Comisión contra los Conflictos de Interés, Tráfico de Influencias y Corrupción. Derechos como la libertad de expresión y prensa, y el acceso a la información, no son garantizados cuando sistema informativo solo se regula por el mercado. Ante esto, dirigentes de la organización hicieron una serie de propuestas que apuntan a limitar los monopolios y oligopolios de los medios.
Una serie de
propuestas tendientes a cambiar las condiciones que distorsionan el sistema de
medios de comunicación chileno, el cual no garantiza el derecho a la
comunicación de los ciudadanos, hizo el Colegio de Periodistas de Chile durante
la última audiencia del Consejo Asesor Presidencial contra los Conflictos de
Interés, Tráfico de Influencias y Corrupción. En la presentación, realizada el jueves 2 de abril en La
Moneda, participaron la presidenta Javiera Olivares, el primer vicepresidente
Patricio Martínez y el segundo vicepresidente Patricio Segura.
En la cita
los dirigentes explicaron en detalle severos conflictos de interés en el
sistema de medios chileno. Plantearon que la concentración de la propiedad de
los medios de comunicación masiva afecta la provisión de derechos sociales
esenciales, como la libertad de expresión, de prensa y el acceso a la
información, por lo que también es un espacio que se debe regular.
“La propia Organización de Estados Americanos
ha dejado en claro que la concentración mediática atenta contra los derechos
asociados a la comunicación y que el control abusivo de los medios por grupos
económicos atenta contra la pluralidad y afecta la democracia. Hoy más que
nunca, tras los episodios que hemos conocido, Chile debe abrir una discusión
para democratizar el sistema de medios y desconcentrar su propiedad ",
indicó Javiera Olivares. Agregó
que la concentración “provoca conflictos
de interés y ampara escenarios de corrupción”.
Durante su
exposición, el Colegio de Periodistas hizo un amplio examen al sistema
mediático nacional donde el mercado de la prensa escrita contempla un duopolio
compuesto por los grupos Copesa y El Mercurio, en el de la radiodifusión cuatro
grupos controlan gran parte de lo que los chilenos y chilenas escuchan, y en la
televisión se da un oligopolio de industria privada, no hay universitaria, la
TV pública se financia por publicidad y se ha extranjerizado la propiedad.
Patricio
Segura, en tanto, entregó ejemplos sobre los efectos que esta realidad ha
generado. Uno de ellos cuando El
Diario Financiero censuró una columna de Claudio Agostini que aludía a una
empresa vinculada a los dueños del medio.
Otros, los múltiples informaciones relevantes que no tienen mayor
cobertura en los noticieros de televisión porque afectan a sus grupos
controladores o, incluso, a sus auspiciadores. “Si la libertad de
expresión, de prensa y el acceso a la información fueran simples mercancías,
hasta podría aceptarse esta realidad.
Pero estamos hablando de derechos humanos fundamentales” señaló el
dirigente.
Propuestas
El Colegio de
Periodistas planteó diversas propuestas tanto de carácter administrativo como
normativo.
La primera, “abrir una discusión constituyente que
incorpore en la nueva Constitución la garantía efectiva del derecho a la
comunicación en sus tres componentes: libertad de prensa, libertad de
expresión, acceso a la información. Aquello debe incluir normas que limiten
concentración privada y no referirse solo al ámbito de estatal”.
La necesidad
de regular la propiedad horizontal (muchos medios del mismo tipo), vertical
(muchos medios de distinto tipo) y cruzada (cuando un actor controla servicios
esenciales para sus competidores, por ejemplo, la distribución de medios
impresos como es el caso de Meta que pertenece a Copesa). Cesto se suma garantizar el
establecimiento de tres sectores de medios de comunicación: privados, públicos
(financiamiento directo a TVN y reevaluar un impreso no gubernamental) y
comunitarios/locales sin fines de lucro, revalorizando además el rol del Estado
como productor de contenidos informativos y culturales.
Se propuso
también que se avance en la distribución equitativa del espectro radioeléctrico
en virtud de criterios democráticos y plurales, y no de transacción de
mercados. A esto se suman normas que garanticen la distribución equitativa del
avisaje estatal.
Por último,
se planteó la necesidad de transparentar la estructura de los mercados mediales
y el rating, el acceso efectivo a información pública y crear la figura del Ombudsman
en términos mediáticos.
