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Por Rocío Alorda Zelada, periodista feminista y secretaria general del Colegio de Periodistas de Chile.
En marzo de 2018, el Colegio de Periodistas de Chile a través de su Comisión de Género lanzó la campaña #MediosNoSexistas”, un llamado de atención a periodistas y medios de comunicación para revisar prácticas machistas instaladas no solo en las salas de prensa sino que también en los imaginarios de las y los profesionales de las comunicaciones. Durante meses, se generaron contenidos para profundizar la reflexión sobre la necesidad que las mujeres participen en los medios como sujetos informativos y fuentes noticiosas, se develó la situación laboral en las que se trabajan y se visibilizó, a través de un seminario en la Universidad Católica, aquellas experiencias transformadoras que han llevado a cabo mujeres en los medios.
Anticipándonos a lo que sería la Ola Feminista – esa marea violeta que nos sumergió en la posibilidad de ver en Chile cambios radicales gracias al feminismo- las periodistas habíamos iniciado un proceso transformador, consiente, colectivo e imparable de cuestionamiento al orden patriarcal. ¿Por qué es importante decir que Chile necesita avanzar hacia un modelo de medios sin sexismo? Porque como señala la Guía de definiciones y prácticas periodísticas realizada por el Observatorio Género y Equidad “los medios de comunicación desempeñan un papel fundamental en la conformación de representaciones sociales, políticas y culturales (ya que) transmiten a la ciudadanía valores y estereotipos que influyen en actitudes y comportamientos que acaban asentándose poderosamente en el imaginario de las personas”.
Sin embargo, paralelamente a la necesidad de pensar sobre cómo avanzar en un proceso de despatriarcalización de los medios de comunicación y del ejercicio del periodismo, es importante analizar el sistema medial chileno y la necesidad de incluir en primer lugar, un principio básico como el derecho a la comunicación en un sistema que considere la presencia de tres sectores mediales – públicos, privados y comunitarios- así como la total representación de los diversos sujetos informativos.
Sabemos que el derecho a la información media el ejercicio de otros derechos, individuales y colectivos. La libertad de expresión tiene como correlatos la libertad de opinión, la libertad de prensa; el acceso a información vía fuentes diversas, la participación en los medios de comunicación y la posibilidad de difundir informaciones sin censura previa. “Tematizar sobre asuntos que son de interés público le otorga a la libertad de expresión su carácter de derecho colectivo. La producción de información se transforma en una herramienta de control social, de contrapoder. Por lo tanto, acceder a información diversa y veraz; contribuye a que las personas participen del debate público y del quehacer político promoviendo y garantizando una mejor democracia.
¿De qué manera se asegura en Chile la diversidad informativa y el pluralismo cuando existe una subrepresentación de los actores sociales – como las mujeres?¿Se le puede exigir a los medios de comunicación la representación de la ciudadanía? Como señala Martín Barbero “es lo propio de la ciudadanía hoy estar asociada al «reconocimiento recíproco», esto es, al derecho a informar y ser informado, a hablar y ser escuchado, imprescindible para poder participar en las decisiones que conciernen a la colectividad. Una de las formas hoy más flagrantes de exclusión ciudadana se sitúa justamente ahí, en la desposesión del derecho a ser visto y oído, que equivale al de existir socialmente, tanto en el terreno individual como el colectivo, en el de las mayorías como de las minorías.
El año 2016, la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) realizó una visita oficial a Chile, para evaluar la situación del derecho a la libertad de expresión, donde recomendó al Estado chileno la “adopción de una serie de medidas dirigidas a consolidar un marco jurídico e institucional orientado a garantizar efectivamente el pleno ejercicio del derecho a la libertad de expresión en el país”. Dentro de los factores que limitan la libertad de expresión en Chile son las características del sistema medial donde la concentración de la propiedad de los medios no garantiza los derechos de este tipo.
El año 2016, el Colegio de Periodistas de Chile, realizó una sistematización de informes sobre concentración de la propiedad mediática, que mostró que Chile es uno de los países con mayor concentración de estructuras monopólicas u oligopólicas privadas, que atentan contra el pluralismo y la representatividad de todos los sectores sociales y reduce a una sola mirada las múltiples fuentes de información disponibles. La concentración de la propiedad de los medios, además de ser una materia de índole económica es también política, porque influye en mantener y modelar una ideología que asocia determinadas imágenes estructuradas, que son aceptadas por la mayoría y que representan los intereses de quienes concentran el poder económico.
Para modificar estructuralmente este panorama es vital consagrar el Derecho a la Comunicación en la Constitución Política, un derecho que no es solo de quienes trabajan en el ámbito de las comunicaciones, sino que un derecho que debe ser ejercido por las y los ciudadanos. ¿Qué es el derecho a la comunicación? Un principio que deriva del derecho universal a la libertad de expresión, en sus aspectos de acceso y participación, reconociendo que son los Estados los que tienen la potestad para la formulación de políticas y planes nacionales en materia de comunicación social, reconociendo las pecularialidades de cada nación. Es decir, los Estados deben garantizar el derecho a la comunicación, a través de políticas públicas que lo aseguren colectivamente, a las personas y a su sociedad, y no solamente a los dueños de los grandes medios de comunicación.
Así mismo, en un contexto tan desigual es clave la existencia de una institucionalidad para las comunicaciones – que puede ser una ley de medios, un tema que hoy está siendo discutido en el Colegio de Periodistas de Chile- que debe ser una norma jurídica que regule la concentración de la propiedad de los medios de comunicación, que reconozca tres sectores a saber público, privado y comunitario, que puedan garantizar la pluralidad de voces en los medios de comunicación. Conforme al derecho internacional, los Estados poseen la obligación de promover la diversidad de los medios de comunicación y abarca la obligación de evitar la concentración indebida de la propiedad de los medios. Se trata, entonces, de contar con medios de comunicación libres, independientes y plurales que permitan acceder a la mayor y más diversa información que estén estipulados en un marco legal que regule la propiedad medial y garantice el pluralismo.
Del sistema medial a las prácticas periodísticas
El desafío en el campo de las representaciones sociales en los medios es grande. Necesitamos no solo modificar las condiciones culturales que generan desigualdad en los contenidos y reproducción de violencias simbólicas. Necesitamos a la vez cambiar estructuralmente el sistema medial que existe en Chile, para avanzar hacia un modelo que garantice el derecho a la comunicación como ya otros países lo han realizado. Si no generamos esos cambios, seguiremos bajo un monopolio mediático y peor aún bajo un “monopolio ideológico” – como señala Sunkel y Geoffroy, (2011)- lo que implica una “anulación de la diversidad político-cultural”, donde la “concentración ya no es solamente económica, sino que también se monopolizan las representaciones políticas puestas a circular por los medios, generando un daño profundo al pluralismo y a la democracia, ya que los medios “no se constituyen en canales de expresión de la ciudadanía”.
Pero ¿dónde radica la responsabilidad de transformar esa cultural sexista de los medios de comunicación para avanzar hacían una representación cultural de la igualdad? El movimiento de mujeres y feministas ha hecho un gran aporte en este sentido con acciones de seguimiento a la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer (Convención de Belém do Pará) focalizando su atención en la cultura patriarcal y la reproducción de estereotipos sexistas en los medios. La acción de la sociedad civil es fundamental para dar seguimiento a los medios de comunicación y activar las denuncias en materia de publicidad y coberturas informativas sexistas.
La formación de las y los profesionales de las comunicaciones y de periodistas está en un plano clave para la trasformación de las prácticas sexistas. Por eso es vital que los planes de estudios académicos incluyan contenidos sobre teoría de género y feminismo, lenguaje inclusivo, y ética, sobre todo ética, y que vean las olas feministas como una oportunidad para generar transformaciones no solo en los espacios estudiantiles sino que también en el ámbito académico y de investigación. Finalmente, es el Estado quien debe garantizar el pleno ejercicio de la libertad de expresión- como ya se ha indicado anteriormente- a través de un sistema medial que favorezca la representación de los diversos actores sociales y fortalezca la democracia.
¿Pero cómo deben enfrentar los medios de comunicación esta gran marejada feminista? Las movilizaciones feministas y su capacidad de posicionarse en la agenda pública han empujado un cambio social del cual los medios de comunicación no pueden excluirse, de ahí que en los últimos meses haya aumentado la visibilidad en los medios respecto a las discriminaciones de género, apostando principalmente por publicar temas referentes a la violencia contra las mujeres.
Sin embargo, los medios de comunicación funcionan construyen interpretaciones particulares de la realidad, produciendo informaciones que incluyen, excluyen y jerarquizan hechos, fuentes y antecedentes. Estos contextos y jerarquías bajo los cuales los medios de comunicación organizan las informaciones tienen carencias y frente a un contexto en donde la sociedad civil está exigiendo una mayor representación de las mujeres en las informaciones, se generan desafíos como: no focalizar las coberturas en temas de género solo para las fechas emblemáticas o en casos de femicidios, lo que implica transversalizar el enfoque en toda la pauta noticiosa, es decir, incluir a mujeres como fuentes expertas en todas las noticias, visibilizar el aporte de ellas como sujetos sociales y quitar el sesgo sexista cada vez que se abordan noticias sobre cuidado, crianza e infancia.
Otro desafío es contar con fuentes legitimadas en los temas de género y con periodistas especialistas en temas de género y derechos humanos. ¿Si es posible que existan las especializaciones en economía y política por qué no contar en los medios con periodistas expertos en género- feminismo o editoras de género? Por último, encuadrar estas informaciones como un problema social y una vulneración de derechos fundamentales de las mujeres para informar las causas, analizar la efectividad de las políticas públicas e interpelar a las autoridades responsables; para sacar estas informaciones del ámbito privado.
Hablar de #MediosNoSexista es antes que todo un imperativo ético que no solo emplaza a las y los periodistas y comunicadores/as, sino que a la sociedad en general. Hablar de #MediosNoSexistas es recordar que -tal como dice el Código de Ética del Colegio de Periodistas- “quienes ejercen el periodismo son importantes agentes socializadores que tienen influencia en la formación de valores, creencias, hábitos, opinión y conductas de los distintos estamentos de la sociedad”. Hablar de #MediosNoSexistas es ejercer el periodismo desde la convicción de que éste es un bien social y no como un producto, lo que significa que el periodista comparte la responsabilidad de la información transmitida y es responsable, no sólo ante quienes controlan los medios, sino principalmente ante la sociedad.
El artículo está basado en la ponencia Medios no sexistas: cómo fomentar nuevas prácticas con enfoque de género presentada en el II Encuentro de Mujeres y Comunicación de la Facultad de Comunicaciones de la Universidad Central.
Fuente www.mujeresenelmedio.org
