17 de diciembre de 2015.
Organizaciones que defendemos y promovemos el derecho a la libertad de expresión en
América Latina, preocupadas por los niveles de concentración mediática en la
región latinoamericana manifestamos la siguiente
Declaración
La libertad de expresión es un derecho humano
universal y una condición necesaria para la existencia efectiva de pluralismo
político y la diversidad de informaciones y opiniones y para una participación
informada de la ciudadanía y por eso se convierte en una piedra angular para la
democracia.
Considerando que la concentración mediática conspira
contra la democracia y es una grave barrera al ejercicio de la libertad de
expresión y el derecho a la información por cuanto representa un obstáculo para
la diversidad de medios y el pluralismo de ideas e informaciones.
Reafirmando que la diversidad y el pluralismo de
perspectivas e informaciones refuerza el carácter esencial de la libertad de
expresión como requisito para la vigencia de un régimen democrático, así como
su papel como derecho habilitador e interdependiente con el ejercicio de otros
derechos civiles, políticos, sociales, culturales y económicos.
Reconociendo que la existencia histórica de
estructuras monopólicas u oligopólicas y de propiedad vertical, horizontal y
cruzada de medios en la región, sean privadas o gubernamentales, afectan el
requisito de diversidad de perspectivas y del pluralismo al reducir las fuentes
de información disponibles para ejercer la ciudadanía convirtiéndose en un
obstáculo que impide a otros sectores de la población difundir el pensamiento
propio.
Advirtiendo que en los últimos años en la región
latinoamericana se realizan insistentes denuncias de la sociedad civil,
investigaciones y estudios que demuestran la existencia de importantes niveles
de concentración de medios tradicionales como un problema estructural con
múltiples consecuencias, que en muchos
casos se agudizan ante los recientes procesos de convergencia tecnológica y de
transición digital, disminuyendo la cantidad de emprendimientos que producen
contenidos diversos.
Indicando que como consecuencia de la concentración
indebida, los contenidos que reciben las audiencias quedan en manos de pocos
grupos que, a su vez, suelen integrar entre sus actividades distintos intereses
económicos y políticos, que en varios casos les otorgan un poder que rebasa a
las instituciones estatales, conformándose en poderes fácticos que determinan
la agenda pública poniendo en riesgo el debate democrático.
Señalando que la concentración indebida de medios
debilita los derechos laborales de los periodistas, pues al no contar con
diversidad de espacios para desarrollar su trabajo se ven forzados a aceptar
las condiciones que las empresas les imponen sin mayor opción, facilitando la
autocensura de periodistas y comunicadores. Eso ha provocado que, en algunos
casos, incluso tengan que realizar su quehacer sin la protección debida ante
situaciones de alto riesgo.
Recordando que diversos organismos internacionales
han expresado la convicción que el pluralismo y la diversidad son condiciones
necesarias para garantizar sustancial y materialmente el ejercicio pleno de la
libertad de expresión a través de informes, declaraciones y sentencias, en
particular desde la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión, la
Comisión Interamericana de Derechos Humanos y de la Corte Interamericana de
Derechos Humanos. Incluso esta última ha
afirmado que la regulación estatal para proteger el pluralismo es una potestad "legítima
e imperiosa" las organizaciones abajo firmantes declaramos que:
1.
Los Estados deben cumplir con sus
obligaciones de garantizar y proteger la libertad de expresión, haciendo el uso
máximo de recursos institucionales para que el pluralismo y la diversidad sean
una realidad material que permita el goce de este derecho y aseguren el pleno
ejercicio del derecho a la información en su dimensión colectiva y no sólo
individual, para lo cual es necesario armonizar su legislación interna y adoptar
políticas públicas activas de acuerdo a los estándares internacionales en la
materia.
2.
En el reconocimiento de que en la
región latinoamericana existe una fuerte concentración de medios fundamentalmente
en grupos privados, igualmente registramos que este fenómeno también se
reproduce en un reducido número de países con una indebida concentración de
medios estatales, por lo que hacemos un llamado a que, sin distinción del tipo
de concentración, los Estados asuman sus obligaciones para combatir los
monopolios, oligopolios y concentraciones indebidas de los medios de
comunicación, incluyendo aquellas que involucran la propiedad de medios por
parte de gobernantes o políticos en ejercicio de cargos públicos. En el caso de
Estados que ya cuentan con regulaciones antimonopólicas, exigimos las apliquen
de manera activa, transparente y sin discriminación.
3.
Junto con medidas que limiten y
reviertan la concentración, exigimos a los Estados ajustar sus marcos regulatorios
e implementar planes y políticas públicas activas con el objetivo de garantizar
el pluralismo y la diversidad, en especial reconociendo y promoviendo al sector
de medios sin fines de lucro, entre los que se incluyen los medios
comunitarios, sociales e indígenas, así como fortaleciendo a los medios
públicos.
4.
Al mismo tiempo demandamos a los
Estados medidas concretas para que los medios de gestión estatal garanticen un
efectivo pluralismo interno a fin de que no funcionen como medios oficiales y
sean verdaderos medios de servicio público, con independencia editorial y
mecanismos de participación ciudadana y rendición de cuentas.
5.
Advertimos que los actuales
procesos de convergencia tecnológica y transición digital son una invaluable
oportunidad para que los Estados implementen todas aquellas acciones
institucionales necesarias para asegurar la diversidad de voces y equilibrar
los regímenes de propiedad entre el sector privado, comercial y
social-comunitario, por lo que llamamos a que se haga una gestión del espectro
de manera incluyente, democrática y no discriminatoria. Si bien las
perspectivas económicas y técnicas son necesarias en este sector, en ninguna
manera deben de ser excluyentes de una perspectiva de derechos humanos y
libertad de expresión.
6.
Hacemos un llamado para que Relatorías
de Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y Naciones
Unidas emitan estándares y recomendaciones sobre libertad de expresión y
concentración mediática, a fin de que los Estados tengan criterios orientadores
para armonizar sus legislaciones y políticas públicas que permitan democratizar
y revertir los sistemas de medios ya concentrados y que los procesos de
digitalización de la radio y la televisión no resulten en una consolidación o
ampliación de la concentración sino una oportunidad efectiva para un mayor pluralismo
y diversidad en nuestros países
Observatorio Latinoamericano de Regulación, Medios y Convergencia
(OBSERVACOM)
Asociación Mexicana de Derecho a la Información (AMEDI)
Artículo 19 de Brasil
Centro
de Archivos y Acceso a la Información Pública (CAINFO) de Uruguay
Colegio
de Periodistas de Chile
Instituto
Centroamericano de Estudios para la Democracia Social (DEMOS) de Guatemala
Civitas
de Guatemala
Fundación
para la Libertad de Prensa (FLIP) de Colombia
Intervozes–
Coletivo Brasil de Comunicação Social
Asociación
de Radios Comunitarias y Medios Alternativos VOCES Paraguay
Fundación
de la Comunicación para el Desarrollo (Comunicándonos) de El Salvador
