Libertad de expresión en las Américas y en Chile: la concentración a examen

En el caso de Chile, el nivel de concentración en las comunicaciones y en las telecomunicaciones es preocupante, en la medida que va acompañado de políticas públicas que no promueven la diversidad, ya sea por acción o por omisión.

por Chiara Sáez B. Directora del Prog. de Libertad de Expresión y Ciudadanía de la U. de Chile. 

Investigadora Chiara Sáez.

Edison Lanza, Relator de la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA, ha establecido la concentración mediática en las Américas como uno de los temas de su período, desde que asumió el cargo en octubre del año pasado. En este contexto, la Relatoría ha lanzado una consulta pública sobre la concentración de medios en la región que se encuentra abierta hasta el próximo 15 de agosto y que se puede descargar aquí.

Su objetivo es conocer la situación de las Américas en la materia, con el propósito de  elaborar unos estándares sobre libertad de expresión, diversidad y pluralismo y concentración en los medios de comunicación para la region. La consulta puede ser respondida por cualquier persona natural o jurídica que quiera aportar con información sobre el tema. Consta de varias preguntas relativas a tópicos como los mecanismos y requisitos legales para crear medios de comunicación en cada país, la presencia o no de disposiciones específicas respecto de la concentración mediática, la institucionalidad y jurisprudencia relativa a fiscalización de la concentración mediática, medidas para garantizar la diversidad y el pluralismo, el lugar que se asigna a los medios comunitarios y a los medios públicos en el paisaje mediático a nivel nacional.

El problema de la concentración mediática es doble: no solo se relaciona con cuestiones relativas a la libre competencia en un sector económico específico como es el de las comunicaciones -si bien cada vez mas articulado con el de las telecomunicaciones en el contexto de la convergencia digital-, sino que también se relaciona con la calidad democrática de un país, en la medida que la concentración mediática afecta el pluralismo en sus diversas dimensiones y el ejercicio de la libertad de expresión. La concentración mediática obstruye el derecho a recibir información con diversidad de puntos de vista y con ello, dificulta la generación de opinión y la toma de decisiones informada por parte de la ciudadanía.

En el caso de Chile, el nivel de concentración en las comunicaciones y en las telecomunicaciones es preocupante, en la medida que va acompañado de políticas públicas que no promueven la diversidad, ya sea por acción o por omisión. Solo por nombrar algunos de los problemas que enfrentamos, se puede destacar:

-En el caso de la prensa, un duopolio alimentado por el propio Estado a través del avisaje estatal, así como la integración vertical de los mecanismos de impresión y distribución de los medios escritos.

-Concentración de las frecuencias radiales en 4 grupos de comunicación, con el grupo PRISA a la cabeza, por medio del grupo Iberoamerican.

– Ausencia de políticas que faciliten o promuevan el acceso a frecuencias por parte de radios y televisiones comunitarias, junto a diversas formas de discriminación de las televisiones en el contexto de la TV digital y de persecusión en el caso de las radios (tres allanamientos en lo que va del año).

-Ausencia efectiva de medios públicos y desnaturalización del concepto en el caso de TVN

-Ausencia de políticas para que los pueblos indígenas creen sus propios medios de radiodifusión, mientras predomina una cobertura sesgada (cuando no criminalizadora) de sus demandas en los medios convencionales

– Altos niveles de concentración en el caso de la internet móvil, en que 3 empresas controlan el 95% del mercado, mientras en la internet de banda ancha fija residencial el 76% está en manos de 2 operadores, junto a la ausencia de políticas públicas que promuevan el desarrollo de proveedores comunitarios y/o de cooperativas de servicios de telecomunicaciones.

Lamentablemente, tampoco existe en Chile una institucionalidad ni una jurisprudencia que asegure la libre competencia y prevenga la concentración. Son varios los casos en los cuales los organismos respectivos han considerado que la fusión de empresas o la excesiva presencia de alguna de ellas en  algún mercado específico de las comunicaciones o las telecomunicaciones no afectaba la libre competencia y mucho menos la democracia. Solo por nombrar uno de los casos mas recientes: el rechazo por parte del Tribunal de la Libre Competencia a la denuncia que había hecho la organización de consumidores Conadecus contra Movistar, Entel y Claro por acaparamiento de espectro radioeléctrico, sin pronunciarse sobre el fondo del asunto, sino que limitándose a argumentar que Conadecus carecía de legitimidad para hacer la denuncia al no ser una empresa.

En síntesis, en Chile tenemos una sobre-representación del sector privado con altos niveles de concentración en el sector de la prensa, la radio, la television, la telefonia fija y movil, sin acceso equitativo para el sector público y mucho menos para el sector privado no-comercial (comunitario, social) en ninguno de estos mercados, ya que las políticas públicas generan una serie de subsidios ocultos al sector privado comercial junto a barreras de entrada para los actores sin fines de lucro. Con unas instituciones que no comprenden la especificidad de este sector de la economía y su relación con la calidad de la democracia.

Razones suficientes para responder la encuesta de la Relatoría de la Libertad de Expresión, no?

Publicado originalmente en El Desconcierto