Margarita Pastene: "En tiempos neoliberales, el derecho a la información de la ciudadanía no está protegido"

Ceremonia Premio Periodismo, Memoria y Derechos Humanos
10 de diciembre de 2018
Discurso de Presidenta del Colegio de Periodistas de Chile, Margarita Pastene Valladares

Es un gran honor para mí,  representar al Colegio de Periodistas de Chile, en este día, en que nos hemos congregado, en el marco de esta jornada de celebración del 70 aniversario de la declaración universal de los Derechos Humanos, para hacer entrega a ganadoras y ganadores del Premio Periodismo Memoria y Derechos Humanos, y distinguir como Premio a la Trayectoria a nuestro colega Manuel Cabieses.

Este Premio al que dimos vida de manera colaborativa entre el Museo de la Memoria y el Colegio de Periodistas de Chile, tiene como propósito principal promover la difusión de los Derechos Humanos, tarea fundamental para nuestras organizaciones. Lograr que Chile sea un país con cultura de derechos humanos pareciera que es una tarea pendiente y que debemos lograr, con profunda convicción y compromiso, así como también constituirnos en verdaderos centinelas de memoria, para no dar paso al olvido. 

Estimadas y estimados colegas, compañeros y compañeras, amigos y amigas…

El arduo debate que hemos sostenido en el tiempo en relación al rol que debieran jugar los medios de comunicación en una sociedad, para fortalecer la democracia, promover el respeto a los derechos, inculcar el valor de preservar la memoria, resulta a veces agotador y con dejos de frustración.

Frustración que se acentúa, cuando los hechos nos demuestran que aquí, en el Chile de hoy, pareciera que se ha perdido todo principio de decencia y respeto por los derechos de las personas, cuando constatamos cada día que estos están siendo vulnerados, como por ejemplo, con los despedidos de miles de trabajadoras y trabajadores de la administración pública, en todo el país en los últimas semanas, despidos de los cuales hemos sido víctimas también los y las periodistas.

Nuestros estatutos nos mandatan a “promover la racionalización, desarrollo y protección de la profesión de periodista y velar por su regular y correcto ejercicio, en defensa de su dignidad”. Es por ello que no hemos dudado en unir nuestras  fuerzas con las organizaciones sindicales del sector público, ya que con preocupación vemos cómo los y las dirigentes asumen una dura cruzada para  proteger el derecho laboral en el sector público.

Trabajadores y trabajadoras de profesión periodista,  han sido desvinculados/as en diversas reparticiones públicas, tanto a nivel nacional como en regiones, argumentando que se trata de “cargos de confianza”. La mayoría de nuestros colegas, han trabajado por años en algunas instituciones del Estado, cumpliendo a cabalidad y con la mayor entrega profesional tareas propias de sus cargos, logrados, muchas veces, a través de concurso público.

Con estos despidos masivos, se está vulnerando gravemente el derecho al trabajo, a la estabilidad laboral y se está conculcando además el derecho a la paz y bienestar que merecen las familias de quienes están cumpliendo con lealtad y compromiso su labor periodística y de comunicaciones en el sector público.

Y permítanme detenerme en este punto: despedir a más de cien periodistas de la administración pública, cerrar las oficinas de comunicación de Sercotec, por ejemplo, arrasar con las oficinas de prensa, conlleva el peligro de debilitar la importante tarea del Estado de comunicar de manera oportuna y eficiente a la ciudadanía sobre las diversas materias que son de interés públicos, que tienen  que ver con políticas públicas, que deben ser de dominio público y que deben llegar con prontitud a cada chileno y chilena para que cada cual pueda tomar decisiones, pueda proyectar su vida como ciudadana y ciudadano de este país, pueda opinar libremente.

Con el despido masivo de periodistas de la administración pública, se está transgrediendo directamente el derecho que toda persona tiene de acceder- en condiciones de igualdad- a las funciones públicas de su país. Con ello se limita para todas y todos, el  derecho a la libertad de opinión y de expresión, derecho que tal como señala la Declaración Universal de los Derechos Humanos, incluye el poder  de investigar y recibir informaciones y opiniones, y el de difundirlas, sin limitación de fronteras y por cualquier medio de expresión.

Quienes ejercen el periodismo en las instituciones del Estado, cumplen además un rol fundamental al suministrar a los medios de comunicación locales, regionales y nacionales, material informativo. Se produce una relación entre ambas partes necesaria, colaborativa, de tensiones, por cierto, pero que va en directo beneficio de las personas.

¿Por qué nos han despido? Nos hemos hecho esta pregunta porque en estas exoneraciones masivas, se ha despedido en regiones a parte de nuestra dirigencia.

Y entonces pensamos que tiene que ver con una deliberada acción de represalia hacia quienes han planteado con total franqueza y claridad la precarización laboral de la que estamos siendo víctimas en nuestro sector. 

Estos despidos son consecuencia de las denuncias que hemos efectuados ante los montajes de instituciones del Estado y del gobierno, de lo que no somos parte, sino víctimas de esa manipulación feroz de la información para esconder situaciones de atropello a los derechos humanos, en plena democracia.

Con estos despidos quieren amedrentar a quienes con actitud valiente y decidida,  han concurrido a los tribunales para denunciar la impunidad y han enfrentado con coraje demandas espurias con las que pretenden avasallarnos.

Para que haya verdadera libertad de prensa, tenemos la obligación de  promover y exigir para trabajadores y trabajadoras. Solo así, estaremos dando real sentido al derecho humano consagrado en la declaración universal de los derechos humanos, que hoy celebramos, y que señala que toda persona tiene derecho al trabajo  y a la protección contra el desempleo.

En tiempos neoliberales, el derecho a la información de la ciudadanía no está protegido, sino que más bien se está violando sistemáticamente. Y no sólo por los despidos masivos.

La Constitución chilena se apura en resguardar que no haya intervención del Estado sobre los medios de comunicación, pero nada dice de la responsabilidad del Estado por salvaguardar el derecho ciudadano a la información veraz y oportuna, libre de manipulación y montaje.

Como Colegio de Periodistas de Chile, hemos manifestado nuestro más enérgico rechazado a la grave manipulación y ocultamiento de información por parte de las autoridades de gobierno y de Carabineros,  sobre la gravedad de los hechos ocurridos en la localidad de Ercilla, Región de La Araucanía con el asesinato, premeditado, del comunero mapuche Camilo Catrillanca.
Aquí no sólo se han vulnerado los derechos de las personas en los territorios afectados por la acción  del llamado Comando Jungla, sino también el derecho a la comunicación y a la información que debiera prevalecer en una democracia.

El periodismo chileno atraviesa hoy por una grave crisis, a raíz de una práctica constante por parte de organismos del Estado, que impiden obtener información certera y fidedigna.

Denunciamos en su oportunidad, el montaje de la Operación Huracán, considerando que era imperioso despejar todas aquellas cortapisas que interfieran, distorsionen y limiten el ejercicio periodístico, entonces sentimos que estamos siendo víctimas de una maliciosa práctica de montaje informativo, que hoy ha llegado a límites inaceptables.

Es por ello que necesitamos ponernos de pie para impedir y evitar que  continúen estas prácticas de tergiversación de la información y manipulación de los acontecimientos, como lo sufrimos durante la dictadura cívico-militar.

La mercantilización neoliberal ha generado condiciones adversas a la credibilidad y la confianza que debemos alcanzar como periodistas ante la ciudadanía. 

Para este ejercicio de confianzas, es un escenario de graves restricciones para el desarrollo del pluralismo informativo: El reciente cierre de la  Revista Punto Final - antes le sucedieron Fortín Mapocho, La Época, Siete + Siete, Diario Siete, Plan B, Rocinante, entre otros-  no solo es un eslabón más de la cadena de clausuras de medios de comunicación en democracia, sino que es un estremecedor llamado de alerta para quienes deben velar por el pluralismo informativo y la libertad de expresión.

Es por ello que urge para la sociedad chilena, una Ley que impida la concentración medial, fortalezca y garantice la existencia de medios públicos y comunitarios, asegure las libertades de expresión y prensa, el acceso libre a la información. Sólo así será posible la conformación de una Nación verdaderamente democrática.

La concentración de la propiedad de los medios, ha puesto en acción una estrategia informativa homogénea, en una sola dirección, que ha ido trastocando además deliberadamente la realidad.

A comienzos de los 90, en pleno proceso de transición a la democracia, se optó por la “no intervención”, es decir, no hubo voluntad política para rectificar la situación de duopolio informativo heredado de la dictadura cívico-militar. Se dejó a su suerte a los medios de comunicación que contribuyeron a la recuperación de la democracia, hipotecando de este modo el destino del sistema informativo nacional que hoy padecemos.

En el documental “Chicago Boys”, el economista Ricardo Ffrench-Davis, nos refrescó la memoria, al recalcar que el actual sistema neoliberal solo fue posible instarlo, mediante un feroz terrorismo de Estado y con un tremendo duopolio informativo, a su favor.

No se puede construir una sociedad democrática, ni sostener ideales republicanos, si se mantiene la situación que limita hoy la libertad de prensa, con espacios restringidos para valiosas iniciativas comunicacionales que han tenido que sucumbir en tiempos neoliberales.

Esta concentración mediática, sin contrapeso, significa tener una deuda pendiente, como país, una deuda pendiente con los derechos fundamentales de las personas. No hemos podido asegurar a la ciudadanía una oferta informativa que responda a los valores de los principios democráticos, ni ampliar el pluralismo informativo, a pesar de la era digital. 

En reiteradas ocasiones, hemos señalado que resulta urgente revertir la situación de total indefensión en que se encuentran los medios independientes, comunitarios, locales y regionales, que deben hacer frente a situaciones de total inequidad, ante el gran capital que maneja hoy el sistema medial chileno.

Nuestro país requiere con urgencia democratizar las comunicaciones y el Estado debe garantizar ese derecho, el derecho humano a la comunicación, derecho a la libertad de opinión y de expresión, a fin  de tener la posibilidad real de poner frenos y contrapesos al poder.

Como no se trata de poner placas en las plazas públicas, como Colegio de Periodistas continuaremos con nuestros debates ciudadanos en todo el país, continuaremos interpelando al poder político para lograr consignar el Derecho a la Comunicación,  en la nueva Constitución que aspiramos para Chile.

Muchas gracias
Santiago, 10 de diciembre de 2018