Colegio de Periodistas solidariza con Unión de Reporteros Gráficos

Ante impunidad de carabinero que agredió a fotógrafo en mayo de 2008.

Mediante un comunicado público, la Unión de Reporteros Gráficos y Camarógrafos de Chile manifestó este lunes su "más profundo rechazo y protesta" a la decisión de la jerarquía de Carabineros de reintegrar a sus funciones al cabo 2° Ivar Barría Álvarez, pese a haber sido condenado por agredir al fotógrafo Víctor Salas en 2008.  Producto de esta acción, el profesional perdió la visión del ojo derecho. 

El hecho se mientras Carabineros intentaba impedir el registro por parte la prensa de las detenciones que realizaba efectivos policiales durante una manifestación del 21 de mayo de ese año.

De acuerdo al propio afectado, el cabo Barría Álvarez tampoco cumplió su condena judicial: el 8 de abril del 2014, mediante el oficio ordinario 482 emitido por el director de Gendarmería de Chile, se informa que el uniformado no pasó un solo día en un establecimiento de la institución.

Ante esto, la presidenta del Colegio de Periodistas Javiera Olivares rechazó la anómala situación, expresando que “lamentamos profundamente que, como ha explicado la Unión de Reporteros Gráficos, no haya existido una pena efectiva para quien agredió  brutalmente a un trabajador que hacía efectivo el derecho a la información de la ciudadanía”.  Asimismo solidarizó con la Unión de Reporteros Gráficos, cuestionando no solo que el inculpado no haya recibido sanción alguna sino también que “la institucionalidad pública no haya promovido una discusión social para analizar cuanto afecta este tipo de agresiones no sólo a un trabajador sino al derecho humano a la libertad de expresión que tiene todo chileno”.

Para la dirigenta social la aspiración del Colegio de Periodista es "construir un Chile donde haya igualdad ante la ley y donde todos quienes, tras una investigación, resulten condenados por este tipo de agresiones, cumplan con la pena que estipula la legalidad vigente”.

En este sentido expresó que como orden profesional insistirán, tal como lo han venido planteando desde hace varios años junto a otras organizaciones, que se ingrese al Parlamento un proyecto de ley que endurezca las sanciones cuando la fuerza policial limite el ejercicio de un derecho como la libertad de expresión, por vía de agredir a los trabajadores de las comunicaciones. “Esperamos que, tal como se nos informó desde la Secretaría General de Gobierno, esta iniciativa se presentada durante el primer semestre de 2015" puntualizó.