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Colegio de Periodistas valora retiro de querella de Bachelet a Revista Qué Pasa

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El Colegio de Periodistas de Chile valoró el retiro de la querella interpuesta por la Presidenta Michelle Bachelet contra cuatro periodistas de Revista Qué Pasa y el director de La Tercera, Juan Pablo Larraín -ambas pertenecientes al Grupo Copesa-, tras la publicación de un reportaje que revelaba escuchas telefónicas que supuestamente la involucraban con el denominado Caso Caval.

Esta mañana, tras conocerse la medida, la mesa directiva de la Orden profesional indicó que, “esto demuestra que tal como señalamos cuando se interpuso la querella, el mejor camino para confrontar disquisiciones éticas en el ejercicio del periodismo, como falta de rigurosidad o ausencia de contraste de fuentes, requiere de exámenes de carácter ético, con sanciones éticas y no corporales”. 
En el mismo sentido, el Colegio de Periodistas valoró el fallo emanado por el Consejo de Medios de Comunicación Social, que el 14 de septiembre sancionó a la revista por “falta a la ética” y que por primera vez, intenta emular el trabajo ético instalado históricamente por los fallos de los tribunales de ética del Colegio de Periodistas con resoluciones tan emblemáticas como las relacionadas a materias de violaciones a los derechos humanos, como la sanción que acabó con la expulsión de Agustín Edwards de la entidad profesional por faltas durante la dictadura militar o la censura pública y suspensión de sus derechos al periodista Claudio Sánchez por avalar el montaje de la DINA en el Video Rinconada de Maipú sobre asesinatos ocurridos en 1975.

Sin perjuicio de lo anterior, desde el gremio advierten que la instancia principal para abordar cuestiones de índole ética es el Colegio de Periodistas, a través de su tribunal de ética, y no una entidad integrada fundamentalmente por representantes de grandes grupos comunicacionales. Esto porque demuestra un conflicto de interés que se ha hecho palpable en la cobertura que los mismos medios de Copesa tuvieron frente al hecho a días de presentarse la querella, lo que evidenció una falta de pluralismo que no es aceptable en un estado democrático como el actual.

“Es importante señalar claramente que la tradición histórica de análisis ético del ejercicio del periodismo chileno ha venido de la mano del trabajo que por décadas ha desarrollado el Tribunal de Ética de nuestro Colegio. Sin perjuicio de ello, es interesante valorar que esta vez, el Consejo de Ética de la Federación de Medios de Comunicación (que aglutina a Anatel, ARCHI y ANP, es decir los dueños de los medios), ha sido crítico de decisiones periodístico-editoriales de sus pares, en este caso de un medio ligado al conglomerado medial Copesa, lo que debe ser un llamado de atención a su controlador Alvaro Saieh”, sentenciaron en el gremio de comunicadores.

En esa línea, la mesa presidida por Javiera Olivares e integrada por Luis Schwaner, Marcela Sandoval, Rocío Alorda, Héctor Cárcamo, Patricio Segura y Héctor Vergara, insistieron en que es necesario hacer cambios a la regulación que erradiquen la sanción penal en faltas asociadas a la libertad de expresión. “Si hay algo bueno de todo este debate, es que evidenció algo que como Colegio hemos señalado desde hace años: el artículo 29 de la Ley de Prensa no puede continuar aludiendo al Código Penal y estableciendo la posibilidad de penas corporales por faltas vinculadas al ejercicio periodístico o al uso del derecho de libre expresión de todo ciudadano. Justamente por ello urge fortalecer un periodismo ético, que instale la rigurosidad, el contraste de fuentes y el respeto a los derechos de las personas como base de nuestra función social. Para lo cual se requiere de tribunales de Ética periodística fuertes”.

En ese punto, la mesa directiva del Colegio de Periodistas insistió en la importancia de que se promueva y apure el debate legislativo respecto del proyecto de ley de colegios profesionales, ingresado durante el primer gobierno de Bachelet, que hoy cuenta con urgencia suma y cuyo contenido busca devolver la tuición ética a dichas organizaciones con fallos vinculantes incluso respecto de sus no afiliados.

AGENCIA UNO