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Columna: La pueril discusión sobre TVN, Luksic y el Relator de Libertad de Expresión en Chile

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Haciendo un salto de sentido en la histórica política de la no política en materia de comunicación que ha dominado el proceso transicional chileno, los últimos días hemos sido testigos del interesante debate acerca de repensar -al menos en términos de su estructura de directorio, financiamiento y misión pública- el canal de propiedad del Estado, Televisión Nacional de Chile (TVN). Y como coincidencia curiosa, esta semana que ingresa la indicación sustitutiva del Ejecutivo de la llamada ley larga de TVN (que desde 2008 duerme en el parlamento), llega a nuestro país en visita oficial el Relator Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Edison Lanza, para hacer un exhaustivo análisis de los defectos y virtudes del sistema de medios en Chile.
Ambos hechos se configuran como históricos para el debate sobre medios de comunicación y democracia, pues ponen el quid del asunto sobre la mesa: el necesario examen del sistema medial chileno por su escaso pluralismo y altísima concentración en manos privadas, sumado a la urgente reflexión sobre el rol del Estado en materia de medios públicos.  Sin embargo, es muy posible que ninguno de los dos asuntos sea noticia de portada esta semana.

Archivo www.biobiochile.cl

Muy por el contrario, es altamente factible que sigamos viendo titulares del simpático y pueril debate acerca del “millonario aporte” del Estado a TVN o de la errada “capitalización” (la primera en 25 años y que nada tiene que ver con los dineros de presupuesto del Estado destinados a otras inversiones sociales), como si fueran el trasfondo del problema político. Tan atractiva es la discusión para varios, que la Fundación del ex Presidente Piñera, Avanza Chile, lanzó críticas rimbombantes sobre la indicación del Ejecutivo por levantar “serias dudas” y no “no mencionar mecanismos que permitan establecer metas de gestión que apunten a revertir las pérdidas o lograr un canal financieramente sustentable”, dice el informe de la fundación.
Lo surrealista de este debate es la insistencia de la derecha y de algunos sectores conservadores de la Nueva Mayoría en resistirse a asumir las definiciones que todos los organismos internaciones de derechos humanos tienen sobre el punto. Ellos entregan a los Estados el deber de garantizar diversidad y fortalecer los medios públicos, eximiéndolos de regirse bajo las condiciones del mercado. Efectivamente, la vocación principal de los medios de propiedad del Estado  –en su misión de educar, informar y entretener- es visibilizar a todos aquellos actores que componen una sociedad, en su mayor diversidad, aun cuando éstos no sean “rentables” para el rating. Por ello, hablar de “revertir las pérdidas” como meta principal de gestión de TVN, es justamente centrar el debate en el punto equivocado e ir en contra del concepto de todo medio público, cuya rentabilidad central es cumplir con ser garante del derecho a la comunicación de un pueblo, con “alojar” la diversidad de los discursos de un país en su pantalla, micrófono o portada. Esa rentabilidad no es financiera, es social y democrática, y debe ser el eje orientador de toda parrilla programática pública. He ahí, la diferencia obvia que tienen con este paradigma los defensores del modelo de desarrollo neoliberal, cuyo eje central justamente está determinado por objetivos lucrativos y rentistas, por eso insiste en igualar la producción de contenidos informativos y culturales con la producción de cualquier otro bien de consumo y no con el ejercicio de un derecho que le pertenece al pueblo. Conocemos ya esa vieja consigna, el Presidente Sebastián Piñera fue muy claro a la hora de decir que derechos como éste o como la educación son “un bien de consumo” (diario La Nación, 2012).
Por aún. El argumento resulta más inverosímil cuando, en el escenario de extrema concentración mediática en Chile, el dueño de un canal, Andrónico Luksic, –que además es propietario del banco más importante del país- no sólo decide entrevistarse a sí mismo y ser titular del noticiero central, sino también inyecta “millonarios aportes” a su canal todas las veces que estime necesario, sin ser objeto de ningún tipo de cuestionamiento, pese al evidente conflicto de interés que aquello conlleva.
Evidentemente no hay aquí un real interés de impedir aportes de los propietarios a sus medios de comunicación, sino más bien, de evitar que el Estado incida, evitar que se distancie de su práctica subsidiaria y asuma una más garantista, con un rol activo que le permita garantizar el derecho a la comunicación de la ciudadanía. Y en ese sentido, recoger la urgente necesidad de una política pública en materia de comunicaciones, que establezca medios públicos fuertes, privados con regulaciones y diversidad de medios sociales, comunitarios o locales.
            Pero si estos argumentos no bastan, no está demás recordar cómo diversos países de la región, a través de la aprobación de reformas constitucionales o sendas leyes de medios, han dado amplias discusiones políticas con objeto de garantizar este derecho. Más allá de la caricatura ideológica de quienes sindican esos procesos como chavistas o comunistas, podemos mirar a la siempre bien vista Europa. Miremos un clásico europeo. La cadena British Broadcasting Corporation (BBC), uno de los medios públicos más antiguos del mundo, se financia bajo un sistema de aporte mixto, siendo el canon (un contrato con el Estado) la fuente principal de ingresos y el resto, bajo diversos refuerzos económicos u otros negocios que le permiten llevar a cabo sus objetivos de servicio público, como por ejemplo, la primera actividad comercial que inició en 1923 con el lanzamiento de la revista Radio Time o  través de subvenciones gubernamentales.

Siendo así, la BBC es considerada como una “deudora de los ciudadanos británicos, quienes financian la mayoría de sus actividades y podrían considerarse sus principales accionistas. El objetivo último de la corporación británica es servir al público, de ahí que la BBC intente crear programas de calidad que satisfagan al mayor número de ciudadanos posibles. Sería imposible realizar este fin sin unas fuentes de ingresos adecuadas a su naturaleza pública”[1].

Más allá el detalle de la indicación sustitutiva, que se hará pública esta semana y que criticaremos en su justa medida, si así es necesario, es interesante conocer la voluntad del Ejecutivo, que por primera vez se decide a revisar seriamente la constitución del directorio de TVN (proponiendo confrontar los resabios binominales y ampliarlo), y abrir camino a una nueva estructura de financiamiento que permita al canal nacional cumplir con su misión pública. He de esperarse que las críticas rimbombantes reconozcan lo que indica la tendencia mundial y equilibren sus  propuestas. He de esperarse también que el debate constituyente y la nueva Constitución refuercen este análisis en miras de la garantía del derecho universal a la comunicación. Por último, he de esperarse que la visita del Relator Edison Lanza, permita develar un exhaustivo análisis de lo que tenemos hoy en materia de medios de comunicación y su altísima concentración en manos privadas.




[1] Ojer Goñi, T. (2009) Communication & Society. Universidad de Navarra. vol. 20. España. 



Javiera Olivares 
Presidenta Colegio de Periodistas de Chile