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Presidenta del Colegio de Periodistas rechaza criminalización de las radios comunitarias y decomiso de los equipos

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En exposición ante la Comisión Transportes y Telecomunicaciones del Senado, Javiera Olivares exigió el mapa de uso del espectro radioeléctrico para observar la presencia de los tres sectores de las comunicaciones, el cual será presentado por el subsecretario, Pedro Huichalaf, en la sesión que se realizará el martes 22 de marzo.  


Ante la Comisión de Transportes y Telecomunicaciones del Senado, la Presidenta del Colegio de Periodistas, Javiera Olivares, expuso las falencias del sistema de comunicaciones en Chile y la falta de resguardo del llamado tercer sector de las comunicaciones que incluye a los medios comunitarios, sociales o sin fines de lucro, cuyo ejercicio de radiodifusión sin licencia está tipificado como delito por el artículo 36 B, letra A, de la Ley General de Telecomunicaciones.


En su alocución, la dirigenta de la orden  enfatizó que es imperativo para el Estado de Chile garantizar, en tanto derecho colectivo, la libertad de expresión y el derecho a la información (consagrado en la declaración de los DDHH de 1948), además de democratizar el espectro radioeléctrico hoy copado fundamentalmente por privados y transnacionales. En ese sentido, Olivares sostuvo que “no se puede restringir el derecho a la libre expresión por estas vías de difusión de información, para impedir la comunicación y la circulación de ideas u opiniones”.

Asimismo, hizo hincapié en los altos niveles de concentración de la propiedad y mercantilización de la industria de las comunicaciones (con actores dominantes como el Grupo Copesa, El Mercurio e Ibero Americana Radio Chile) y cómo este escenario conspira contra un debate democrático plural, restringe la diversidad y pone en tela de juicio el pleno ejercicio de un derecho que pertenece a la ciudadanía, especialmente un patrimonio de uso público como es el espectro radioeléctrico. En ese contexto, Olivares sostuvo que es necesaria “una regulación que limite la concentración medial que impida la propiedad cruzada entre giros económicos diversos y aquellos relacionados con la producción de contenido culturales e informativos”.

Así también, planteó la urgencia de realizar “una revalorización del Estado como una actor trascendente en el campo de las comunicaciones, el fortalecimiento de los medios públicos y del tercer sector de las comunicaciones y una distribución equitativa de los recursos entre el sector público, el privado y el comunitario”, aseveró la presidenta de la orden gremial.

Olivares precisó que el escenario es más crítico cuando se “criminaliza a quienes levantan una antena y desarrollan radialismo comunitario pero que son sancionados o penalizados como si cometieran un delito, castigados con penas de cárcel y decomiso de sus equipos". Recordó que esta norma surge a inicios de la transición a la democracia y que tuvo como propósito acallar a los medios críticos a los cerrojos heredados de la dictadura.

Finalmente, la presidenta instó al Estado y a los integrantes de la Comisión dar urgencia a esta iniciativa para avanzar en la necesaria reserva de una parte del espectro para sectores sociales y comunitarios, solicitando específicamente a la Subsecretaría de Telecomunicaciones (Subtel) aportar en la próxima sesión de la Comisión con un "mapa" que ilustre el verdadero uso de este patrimonio de bien común para observar cuánta presencia tienen los privados y cuánta los actores públicos, comunitarios, sociales o sin fines de lucro. 

El Subsecretario de Telecomunicaciones, Pedro Huichalaf, se comprometió a llevarlo a la instancia que se realizará el martes 22 de marzo, cita en la cual se votaría la idea de legislar sobre el proyecto que elimina la sanción de cárcel para los responsables de las radios comunitarias sin licencia, a la espera de mayores antecedentes sobre el número de radioemisoras en funcionamiento y un informe de legislación comparada con la realidad de otros países en este ámbito.