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Entidades Judiciales de América Latina pasan a contar con herramientas de formación en libertad de expresión y acceso a la Información

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Oficina de la UNESCO en Montevideo: 
Archivo Unesco Montevideo
Montevideo, febrero de 2016. UNESCO y la Relatoría Especial de Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, junto a socios regionales e internacionales, lanzan hoy la “Guía político-pedagógica sobre la incorporación de la temática de la libertad de expresión y acceso a la información pública en la formación de operadores judiciales”. Coordinada por la experta internacional Catalina Botero, consiste en una herramienta sin precedentes en toda América Latina y el Caribe.


Magistrados y Magistradas, Fiscales, Abogados y Abogadas y todos los demás actores que componen el complejo rompecabezas de los Sistemas de Justicia juegan un papel sine qua non en la garantía de los derechos humanos de todos y todas, para la consolidación y desarrollo del Estado Democrático de Derecho (Rule of Law). Sin embargo, históricamente, enfrentan desafíos especialmente complejos en estos temas, sea por sus dimensiones, sea por sus especificidades jurídicas, sea hoy por la aceleración de los cambios relacionados a estos mismos temas, por la sensibilidad de las agendas, o por una mezcla de una o más de estas causales.
Edison Lanza, Relator Especial de Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos expresa respecto de la importancia de la situación, y del rol de la formación de operadores judiciales en este contexto: “Este espacio de interacción y diálogo entre el Sistema Interamericano de Derechos Humanos y los operadores de justicia nacionales es fundamental para promover la incorporación de los estándares regionales en la jurisprudencia nacional. Esta iniciativa, además de garantizar que los Estados cumplan con sus responsabilidades internacionales, es la vía más efectiva para garantizar una justicia nacional efectiva en los casos de libertad de expresión. ”
En 2015, la UNESCO y la Relatoría Especial de Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, junto a importantes socios, como la Cumbre Judicial Iberoamericana, la Red Iberoamericana de Escuelas Judiciales, la Fundación Open Society, la Cooperación Sueca, decidieron abordar conjuntamente estas cuestiones y vieron la oportunidad, entre otras, de construcción de un esfuerzo regional, multistakeholder, de cooperación con los Sistemas de Justicia de América Latina.
Fue entonces que lanzaron un intenso proyecto de formación judicial que incluyó, entre otros, la recopilación de las necesidades e intereses de 16 entidades de formación de 14 países América Latina y su validación conjunta (*) (setiembre 2015, Montevideo, Uruguay).
Otro antecedente de este proyecto, que ha sido altamente valorado por los operadores de justicia que han tenido la oportunidad de seguirlo, fue el curso virtual sobre libertad de expresión impartido con el apoyo del Knight Center for Journalism in the Americasde la Universidad de Texas, en el que participaron 1299 personas de la región, 409 de ellas jueces y magistrados, de octubre a diciembre de 2015. Para Sergio Palacio, secretario general de la Red Iberoamericana de Escuelas Judiciales, “Todo espacio de cooperación acerca de la formación judicial, es fundamental porque permite integrar diferentes formas de acceder al conocimiento y a prácticas valiosas. Esta experiencia con la UNESCO constituye un hito importante en la contínua tarea de formación de los Magistrados de iberoamérica en temas tan significativos como el planteado, y continuar con la cooperación redundará en mayores beneficios para la justicia de nuestros pueblos”.
La Guía confirma una vez más la importancia que tiene la enseñanza de cursos en materia de libertad de expresión y acceso a la información pública para operadores judiciales de América Latina y su impacto en el diseño de respuestas jurisprudenciales adecuadas para los principales problemas que enfrentan estos derechos. Muestra además el papel fundamental que tienen las escuelas judiciales, unidades u otras entidades de formación del poder judicial en esta tarea, así como también propone los contenidos mínimos y la estrategia pedagógica que deberían ser tenidos en cuenta al momento de diseñar e implementar cursos de tal naturaleza.
Para José María Costa, uno de los coordinadores del Grupo de Trabajo "Transparencia y Seguridad Jurídica" de la Cumbre Judicial Iberoamericana, este trabajo conjunto tiene especial importancia para promover la capacitación y las buenas prácticas en materia jurisdiccional en torno a dos derechos esenciales para la democracia -libertad de expresión y derecho a la información-. "El interés manifestado desde el espacio de la Cumbre Judicial Iberoamericana se refleja en la participación de las Cortes, los Consejos de Magistraturas y Escuelas Judiciales en una iniciativa que sin duda contribuirá a la calidad de nuestros sistemas judiciales y promoverá que estos derechos sean mejor ejercidos y garantizados para la ciudadanía de nuestros países", señaló.
Entre sus contenidos, se destacan la propuesta de una estrategia pedagógica de formación de operadores judiciales en libertad de expresión y acceso a la información pública así como una sugerencia de contenidos de formación en libertad de expresión y acceso a la información pública para operadores judiciales. Guilherme Canela, Consejero Regional de la UNESCO, enfatiza acerca del impacto de este proceso en América Latina y asegura su continuidad en 2016: “este proceso resultó en una impresionante experiencia de compartir conocimiento. Los Organismos Internacionales aportaron contenidos sobre los estándares internaciones, pero, las Escuelas, Magistrados y Magistradas y otros operadores de los sistema de justicia han aportado elementos concretos de la realidad cotidiana de protección y promoción de esos derechos en la región. Por eso, no tenemos dudas, es una cooperación que va continuar.”
Disponible en español, la guía es de acceso libre y abierto en formato electrónico e impresa.
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Descarga la guía PDF"Guía político-pedagógica sobre la incorporación de la temática de la libertad de expresión y acceso a la información pública en la formación de operadores judiciales”
La nota contiene además a las entidades de Formación Judicial participantes en el proceso de validación regional