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La Asociación Mundial de Radios Comunitarias (AMARC) y su capítulo nacional AMARC Chile valoran el acuerdo de conciliación promovido por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), entre el Estado chileno y 9 comunicadores y 6 auditores de la radio Estrella del Mar de Melinka, Región de Aysén, quienes vieron lesionados su derechos humanos a la libertad de expresión y acceso a la información.
Este caso se extiende desde el año 1999 cuando comenzaron los hostigamientos y discriminación a esta radio de parte del alcalde de la época, Luis Miranda, quien ordenó, de manera discrecional, disponer el suministro de energía para este medio solo por la tarde, debido a que su línea editorial era contraria a sus ideas. Esto en desmedro de la radio municipal y dos canales nacionales de televisión abierta, que sí contaban con energía eléctrica para operar todo el día en la isla.
Al respecto, Miguel Millar, ex director de la radio afectada, a más de 15 años de ocurridos los hechos, recordó tanto la discriminación arbitraria que sufrieron como las desiguales condiciones a las cuales son sometidas las emisoras comunitarias por discreción de la autoridad estatal.
Sobre la base de estos hechos, AMARC y CEJIL, quienes actuaron como peticionarios, presentaron el caso a la Comisión Interamericana, la que después de un largo proceso de más de 10 años, ha demandado al Estado de Chile a dar cumplimiento a cuatro puntos fundamentales, que reconocen el derecho a la libertad de expresión y acceso a la información, como una prerrogativa de los distintos sectores de la sociedad. Más aún de aquellos actores sociales excluidos por condiciones geográficas y económicas para operar una frecuencia de radio, legítimamente concedida por la Subsecretaría de Telecomunicaciones de Chile (Subtel), como ocurrió con Radio Estrella del Mar de Melinka
La reparación contempla medidas económicas en favor de los afectados y la no repetición de estas acciones discriminatorias, para lo cual se compromete el Estado a dar publicidad a este acuerdo, fomento de la radiodifusión ciudadana en las regiones de Los Lagos y Aysén, y la realización de un seminario para discutir sobre los alcances de este acuerdo y la promoción de políticas públicas para fomentar la radiodifusión libre e incluyente.
AMARC confía en que el Estado y las distintas instituciones comprometidas en este acuerdo puedan poner en práctica estos distintos puntos acordados, de manera de dar cumplimiento a los estándares internacionales sobre libertad de expresión y derecho a la comunicación, como también realizar modificaciones a la Ley 20.433, junto con la derogación del artículo 36 b), letra a, que penaliza la radiodifusión sin licencia.
Esta resolución de la CIDH viene a fortalecer la demanda permanente del movimiento de radios comunitarias, por igualdad de acceso a los bienes comunicacionales e implementación de políticas públicas preferenciales para las comunidades territoriales y de interés, que han sido históricamente excluidas de las plataformas comunicacionales.
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