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Declaración Pública: No a la privatización del espectro

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El espectro radioeléctrico es el bien nacional de uso público que permite la existencia de radio, tv abierta y telecomunicaciones. El marco regulatorio vigente sobre telecomunicaciones permite transferir una concesión de espectro radioeléctrico de manera completa, previa autorización de la SUBTEL, con los mismos derechos y obligaciones que tenía la concesionaria original.

El Ministro de Transportes y Telecomunicaciones  presentó un proyecto de ley que propone un “mercado secundario de espectro radioeléctrico”, que permitiría que el recurso ya concesionado pueda ser vendido o sub-arrendado a otras concesionarias o empresas para aumentar su capacidad espectral. Esto abriría la posibilidad de acumular espectro a  quien tenga mayor capacidad económica, contradiciendo lo que señala el programa de gobierno con respecto a promover una ley que determine una “apertura plural del espectro radioeléctrico”. Bajo ninguna circunstancia la apertura de un mercado secundario podría considerarse como una apertura plural a las concesiones.  A su vez, un aspecto sumamente cuestionable del  proyecto es que al momento de la venta o del sub-arriendo se permitiría darle un uso distinto al bien concesionado que el previsto originalmente. De esta manera se obstaculizaría una futura planificación estratégica que asegure el acceso equitativo de diversos sectores a los usos posibles del espectro (hoy dominado por el sector comercial en todas las tecnologías).

El proyecto propone que “el derecho de uso del espectro cedido podrá ser destinado a cualquier uso que permita el Plan General de Uso del Espectro  y la normativa técnica aplicable en la especie”. Esta formulación preocupa dado que abre márgenes de interpretación poco transparentes: en la actualidad no se conocen otros usos –comerciales- que puedan brindarse, a la vez que los usos de las diversas bandas de espectro están delimitados por el Plan de uso del Espectro, ordenamiento que es de atribución del Ejecutivo. El efecto jurídico del proyecto es delegar en el mercado de las telecomunicaciones la función reguladora del Estado, cuando es éste quien debería garantizar que las frecuencias se asignen en función del interés general y en forma equitativa entre los distintos tipos de prestadores de servicios de telecomunicaciones. El acceso al espectro -como bien nacional-, debe ser independiente de los vaivenes del mercado.

En lo que hace a las concesiones de radiodifusión sonora, el proyecto  revalida la re-venta de concesiones de un servicio público altamente concentrado, cuyo único límite sería -de acuerdo a un informe de la Fiscalía Nacional Económica- afectar la libre competencia.

No obstante, lo más alarmante del proyecto es lo que omite. La libertad de expresión se despliega en el espectro radioeléctrico, y el proyecto de ley no asegura la circulación de las ideas ni del pensamiento, ni tampoco impide una mayor concentración de concesiones. De este modo no aporta a la mencionada apertura plural sino que, por el contrario, obstaculiza la entrada de nuevos y diversos operadores.

La Relatoría especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana  de Derechos Humanos (CIDH) en su informe anual 2002, capitulo IV sobre Libertad de expresión y Pobreza, entiende que los Estados en su función de administradores de las ondas del espectro radioeléctrico deben asignarlas de acuerdo a criterios democráticos que garanticen igualdad de oportunidades en el acceso a todos los individuos. Esto precisamente es lo que establece el Principio 12 de la Declaración de Principios de Libertad de Expresión 

Necesitamos declarar servicios de interés nacional a la telefonía móvil y estacionaria, a la TV y la radio y el acceso a Internet; paralelamente, necesitamos  un mercado de servicios convergentes más competitivo, con prestaciones de mayor calidad y a precios convenientes para los usuarios. Por sobre todo, si aspiramos a democratizar las comunicaciones, urge una ley con mirada antimonopólica, que promueva la entrada a pequeños y nuevos operadores. No necesitamos más mercado sino un mejor mercado.

Chile requiere un nuevo marco legislativo que establezca una regulación general de las telecomunicaciones a la altura de estos tiempos y que, fundamentalmente, garantice el derecho humano a la comunicación y a la realización de las actividades económicas de radiodifusión y telecomunicaciones, impulsando la integración eficiente de estos servicios.

Adhieren a la declaración:

Bet Gerber, Barómetro Política y Equidad

Asociación Mundial de Radios Comunitarias, Amarc

Pedro Santander, Observatorio de Comunicación y Medios PUCV

Dafne Moncada, Observatorio de Comunicación y Medios PUCV

Patricia Peña,  Programa de Libertad de Expresión y Ciudadanía de la Universidad de Chile

Raúl Rodríguez, Programa de Libertad de Expresión y Ciudadanía de la Universidad de Chile

Chiara Sáez, Programa de Libertad de Expresión y Ciudadanía de la Universidad de Chile

Javiera Olivares, Presidenta del Colegio de Periodistas

Patricio Martínez, Vicepresidente Colegio de Periodistas de Chile

Patricio Segura, Segundo Vicepresidente Colegio de Periodistas de Chile

Vanessa Sabioncello, Prosecretaria Colegio de Periodistas de Chile

Igor Mora, Tesorero Colegio de Periodistas de Chile

Claudia Lagos Lira, profesora asistente, ICEI Universidad de Chile

Macarena Aguiló, ADOC (Asociación de documentalistas)

Fernando Ossandón

Polo Lillo, Señal 3 la Victoria

Asociación Audiovisualistas de Canales Comunitarios de Chile.

Oveja tv3

Canal 3 de Conce

Canal 8 de Peñalolen

Canal3 de Pichilemu

Laura Medel Valdivia, Directora Ejecutiva CONADECUS

Juan Ortega ONG ECO, Educación y Comunicaciones

Rubén Torres Ávila, periodista, Consejero del Colegio de Periodistas Metropolitano

Gustavo González Rodríguez, ex director Escuela de Periodismo Universidad de Chile

Rosa Alcayaga Toro, profesora Escuela de Periodismo Universidad de Playa Ancha

Lorena Donoso , FUCATEL

Paulina Acevedo Menanteau, Periodista, Comunicadora en Derechos Humanos

Carlos Fuentealba Varela, Presidente del Sindicato 3 de Periodistas de Copesa

Mauricio Weibel Barahona, Presidente Unión Sudamericana de Corresponsales

Luis Alberto Costa del Pozo firma, UPLATV, Facultad de Ciencias Sociales

Doris Johnson Barella, Profesora UPLA

Luis Cuello, abogado Otra Prensa

Asociación Chilena de Organismos No Gubernamentales, ACCIÓN

Felip Gascón i Martín, Decano Facultad de Ciencias Sociales UPLA

Ethel Pliscoff, Periodista, Regional Metropolitano Colegio de Periodistas de Chile

Agencia Foco Social