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Columna: Conflictos de interés y transparencia (La Tercera)

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por Javiera Olivares Mardones
Presidenta Colegio de Periodistas de Chile
Publicado en La Tercera


SI HAY algo novedoso en el marco de la crisis política derivada de los casos Penta, SQM y Caval,  es que -una vez más- el rol de los medios de comunicación entra en escena. Así lo demuestran las investigaciones difundidas en la prensa sobre los nexos de uno de los directores de Televisión Nacional, Cristián Leay, y del director de Chilevisión, Jaime de Aguirre, con la emisión de boletas presuntamente irregulares a la empresa SQM.
Lo ocurrido deja en evidencia que el papel de los medios de comunicación en este cuadro no se reduce necesariamente al deber de mantener informados a los ciudadanos, imperativo que en general han cumplido. En ciertos casos, vemos que se transforman en actores involuntarios del proceso. El involucramiento de los dos ejecutivos mencionados obliga a sus respectivas casas televisivas, dada su importancia en la formación de la opinión pública, a dar explicaciones a la ciudadanía. Esperamos que  durante los próximos días TVN se haga cargo de una creciente demanda de transparencia y fije posición al respecto.
Como Colegio de Periodistas expusimos recientemente ante la Comisión contra los Conflictos de Interés, Tráfico de Influencias y Corrupción. Nuestra presentación allí se justifica en la constatación de que el vínculo  entre política y dinero no se agota en el financiamiento ilegal, ni en el riesgo que significa la posible influencia de empresarios en decisiones de funcionarios o viceversa. La relación entre política y poder económico tiene que ver también con la influencia ejercida por la industria de la información en el sistema democrático. En este sentido, es pertinente discutir sobre la existencia, o no, de un debate donde esté representado un amplio abanico de opiniones y de intereses.
Podrán haber distintos juicios respecto de la línea editorial de cada medio. Podremos discutir si un diario puede o no atizar la hoguera con el caso Caval y bajar la guardia con Penta. O podremos discutir sobre la validez de deslizar  rumores en medios masivos, sin que dicha información haya sido corroborada como corresponde desde el punto de vista de la práctica periodística. Pero lo que está claro, es que el ejercicio de la libertad de expresión es un componente esencial de la democracia, que debe abordarse en sus múltiples dimensiones, como derecho individual y como derecho colectivo. Para ello es necesario abrir un debate político y social que examine el marco mediático actual y corrija el cerco que invisibiliza a grandes mayorías.
Entendemos también que el debate sobre el derecho a la comunicación debe formar parte sustantiva de la próxima discusión constitucional. Y es allí donde debemos dirigir nuestros esfuerzos. Los escándalos de corrupción representan un síntoma de un modelo político y económico cuyo rasgo central es la mercantilización de los derechos sociales y la correlativa creación de privilegios. Por lo tanto, la captura de la política viene a ser consecuencia de la necesidad de algunos por mantener normas e instituciones de las que se obtienen grandes beneficios. 
Surge entonces una oportunidad para resolver de forma democrática la crisis. Es necesario avanzar en una agenda anticorrupción y, al mismo tiempo, dar respuesta a los compromisos contraídos en materia laboral, política y educacional. Pero, además, es el momento propicio para  devolver al soberano su facultad para construir un nuevo pacto social, a través de una asamblea constituyente. Ese ejercicio fundamental de legitimidad permitirá recuperar la confianza y contar con un sistema político que nos represente a todos.