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La nueva cultura informativa: la realidad de los medios digitales

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La posibilidad de ejercer el periodismo profesional sin ser un medio impreso es hoy más grande que nunca. El aumento de los medios digitales y blogs, así como la reproducción de los grandes diarios en versiones “electrónicas”, es un síntoma de la mutación del periodismo en la era de la información. El contexto actual ofrece un lugar, y esto es lo interesante, a un periodismo alternativo, a ratos contrahegemónico, que ha venido a disputar los estándares sobre qué es información pública, relevante y veraz.


El proyecto de ley presentado por el diputado Farías (PPD) ha gatillado una discusión pública que venía siendo postergada sistemáticamente por las autoridades de turno. Sucede que la realidad informativa nacional está mutando de ser un duopolio imperfecto, a un escenario de influencias multipolares donde los llamados “medios digitales” irrumpen con fuerza. El proyecto de Farías pretende una reforma de la Ley 19.733 por la vía de introducir modificaciones en el artículo 11. Este proyecto parece ser un simple parche normativo ante la emergencia de una nueva cultura informativa que tiene en su base el pluralismo en los medios.

La posibilidad de ejercer el periodismo profesional sin ser un medio impreso es hoy más grande que nunca. El aumento de los medios digitales y blogs, así como la reproducción de los grandes diarios en versiones “electrónicas”, es un síntoma de la mutación del periodismo en la era de la información. El contexto actual ofrece un lugar, y esto es lo interesante, a un periodismo alternativo, a ratos contrahegemónico, que ha venido a disputar los estándares sobre qué es información pública, relevante y veraz. Ese fenómeno merece ser entendido, desde el punto de vista legislativo, como la posibilidad de expandir el derecho a la comunicación. El pluralismo en los medios debe ser la luz que conduzca ese camino. Hasta aquí, el debate sobre medios digitales ha carecido de criterios evaluativos que estimulen una nueva mirada legislativa, debido a la falta de evidencia sobre la realidad digital de los medios de comunicación en nuestro país.

La Ley 19.733 está encasillada en una cultura informativa pre-Internet que continúa siendo aplicada sin ninguna referencia real con los medios digitales. La mera analogía entre un diario impreso y un medio escrito digital implica asumir que los cánones informativos del siglo XIX siguen inalterados pese a la revolución tecnológica que experimentamos. En ese sentido, el proyecto de Farías puede ser el impulso inicial para detonar en la opinión pública la necesidad de pensar un marco normativo para los medios digitales en Chile. Ese debate debe ser llevado a cabo con datos que permitan comprender las realidades ya configuradas y con las cuales la ley debe saber dialogar.


* ¿Cuán precisa es la información ventilada en los medios digitales? El análisis de los contenidos producidos por los medios de comunicación, sobre todo los contenidos políticos, puede expresar el tratamiento periodístico y la línea editorial de los medios. En el caso de la agenda política de los medios digitales escritos, se constata el alto nivel de responsabilidad periodística detrás de la publicación de los contenidos. Esto es propio de la libertad de prensa y el ejercicio del periodismo en democracias sanas.





DATOS Y REALIDADES: EL MAPA DE LOS MEDIOS DIGITALES

En el marco del reciente proyecto de investigación “El pluralismo en la agenda política de los medios digitales escritos de las regiones V, VIII y Metropolitana” (CONICYT PLU1300008), llevado a cabo por el Centro de Análisis e Investigación Política, se levantaron datos sobre esta materia. La metodología del estudio se basó en un catastro realizado en enero de 2014 donde se contabilizaron 282 medios digitales escritos en todo el país. Hasta el momento, este estudio –pronto a publicarse– resulta ser el levantamiento y sistematización de información más amplio sobre los medios digitales en el país. De un total nacional de 282 medios digitales escritos, el estudio se centró en 66 medios que pertenecían a las regiones de estudio. Además de un estudio de la regulación de medios en Chile y las realidades internacionales, se monitoreó su contenido político durante el período de febrero a mayo del año 2014 y se aplicó un instrumento con preguntas a comunicadores y editores de 33 de los medios en estudio.

Con estos datos, se configuró el primer mapa de medios digitales, que muestra en forma de órbitas la posición en el sistema informativo nacional. Dentro de los medios con una órbita mayor, es decir, aquellos con mayor densidad de contenidos en la agenda política, a nivel nacional se encuentran El Mostrador, La Tercera, Terra Chile, Cambio 21, Emol, The Clinic, La Nación, El Dínamo y Soy Chile. A nivel regional, aparece con fuerza la red Soy, de propiedad del grupo El Mercurio, cuyo portal Soy Chile también tiene incidencia a nivel nacional. En particular, Soy Valparaíso aparece como uno de los medios regionales con mayor flujo de visitas y de producción de contenidos. En contraste, medios pequeños definidos por la cantidad de publicaciones, pero que reconocen la diversidad nacional y la participación social. Se identificaron las afinidades y diferencias entre las agendas políticas de los diferentes medios en estudio a través de un análisis estadístico, pudiendo deducir las agendas políticas divergentes en la cobertura de temas tratados. Medios como “Contrainfórmate”, “Dichato al día” y “Putaendo informa” mantienen una agenda política diferente respecto de los demás medios estudiados, lo que demuestra la importancia de las líneas editoriales. En uno de los casos es la línea editorial contestataria, mientras que en los otros dos la preocupación de los temas locales marca la diferencia entre las agendas de los 66 medios en estudio.

Sobre la base del instrumento, se generó también un set de estadísticas sobre los medios digitales. Según el cuestionario a los comunicadores, los medios digitales no participan en conglomerados de medios de comunicación, sólo el 21% pertenece a un conglomerado. Este grupo se compone por medios asociados a redes ciudadanas (Red mi voz con el 25%), conglomerados empresariales de las comunicaciones COPESA y El Mercurio con el 25%, respectivamente, y empresas extranjeras como Claro y Metro Internacional con el 12,5%. Los medios independientes, que no participan de otros conglomerados, sí establecen relaciones formales entre otros medios a través de la circulación de autores, contenidos y actividades, ascendiendo a un 61% de los medios (censo de los comunicadores). Económicamente los medios digitales escritos se financian gracias al avisaje y publicidad de empresas, coincidiendo con una situación laboral bastante flexible, donde la participación de voluntarios en los medios más pequeños es notoria.

Este mapa que CAIP presenta no pretende ser una descripción final de la situación, sino una foto de un momento que hoy ya merece una revisión, pues la emergencia y ocaso de medios digitales está a la orden del día. Medios como El Post y Realismo Visceral han cerrado sus transmisiones, pero otros ya se han instalado en la esfera pública a pesar de llevar poco tiempo transmitiendo on-line, como El Líbero
o El Desconcierto.

LÍNEAS EDITORIALES, AGENDA POLÍTICA Y PLATAFORMAS WEB

El abogado y periodista uruguayo Hector Borrat escribió en 1989 un libro titulado El periódico, actor político, donde construye un argumento sobre la incidencia de los medios escritos en los sistemas institucionales. Su tesis, a veces olvidada en las facultades de comunicación, implica que en las escuelas de periodismo debe enseñarse a analizar el poder. Entender el poder es el objetivo si se requiere de un periodismo independiente para ventilar el mal olor del sistema político. ¿Qué piensan los editores de estos medios digitales? Les preguntamos sus posiciones en temas generales y particulares. Algunos datos interesantes permiten perfilar a los sujetos. Por ejemplo, cuando se les pregunta sobre los principales problemas del país, la “desigualdad” ocupa el 57,5% de las preferencias de los editores, seguidas por “educación” con un 36,6% y un curioso 3,03% para delincuencia.

Este énfasis en temáticas asociadas culturalmente a la centro-izquierda en Chile puede ser corroborado también con el set de preguntas referidas a la estatalidad de los bienes públicos, como servicios básicos, la salud y la seguridad social, pero también en preguntas sobre política contingente y temas controversiales sobre libertades individuales o reformas institucionales. En términos generales, los comunicadores se manifestaron en contra de privatizaciones de bienes públicos y a favor de una mayor participación del Estado, sin que ello signifique estatización. El 75,7% de los editores encuestados están en contra de que “todas las Universidades privadas debieran pasar a ser del Estado” y un 48,4% se manifestaron en desacuerdo con que “los colegios particulares-subvencionados deberían pasar a ser propiedad del Estado”. Al mismo tiempo, se manifiestan en contra de la privatización de servicios básicos (84,8%) y de empresas públicas como Codelco (87,8%).

Las agendas sobre reformas institucionales y libertades individuales demuestran ser dos de los puntos comunes en la opinión de los comunicadores. En el primer sentido, la mayoría de los comunicadores declaró estar “muy de acuerdo” con convocar a una Asamblea Constituyente (54,5%), una reforma al sistema binominal (78,7%), terminar con el lucro en las Universidades (66,6%), que las regiones escojan sus propias autoridades (84,8%), un sistema estatal de previsión (57,5%), reformar el sistema carcelario (66,6%) y reformar la Ley Antiterrorista (57,5%). Igualmente, estuvieron “muy de acuerdo” en legalizar el aborto terapéutico (78,7%) y el aborto en cualquier caso (39,9%), así como también el matrimonio igualitario (72,7%), la adopción de niños por padres del mismo sexo (60,6%), legalización del consumo y autocultivo de marihuana (57,5%), y la independencia política y presupuestaria de las regiones (54,5%).

Las líneas editoriales también dependen de la libertad de expresión, la autonomía, y el control y propiedad de los medios. Si bien los propietarios participan en los medios a través de sus mesas o equipos editoriales, un 66,6% de los comunicadores declara que sí hay participación editorial de los propietarios, aunque se destaca su escasa participación en la publicación de los contenidos (11,1% versus 88,8%). Por lo demás, la independencia de los medios digitales escritos puede corroborarse en la baja participación de conglomerados y asociaciones de otro tipo de organizaciones sociales y políticas, como fundaciones políticas, corporaciones sin fines de lucro, movimientos sociales, centros culturales, etcétera. A esto hay que agregar que casi la mitad de los comunicadores ha recibido algún tipo de presión por la publicación de los contenidos (48,4%).

El monitoreo general de la agenda política permite hacer una caracterización general de los contenidos escritos que la componen. Del total de contenidos registrados por el cuestionario de monitoreo general, el 86,6% corresponde a la “noticia” como género periodístico, significando que mayoritariamente se trata de contenidos breves (0 a 500 palabras), dejando atrás a la columna de opinión, los editoriales de los medios, los reportajes periodísticos, y las entrevistas. En general, los contenidos de la agenda política son originales (53,3%), aunque un 35,06% es contenido compartido o publicado con anterioridad por otro medio. Una de las características de los medios digitales escritos es el compartir y hacer circular los contenidos. Esto se confirma con la agenda política. La importancia de la agenda política en las pautas informativas de los medios digitales escritos se expresa en que un tercio de las veces (35%) logra ser titular. Se tiene entonces, una agenda política compuesta por noticias breves con una notoriedad regular en las pautas noticiosas de los medios de comunicación.

¿Cuán precisa es la información ventilada en los medios digitales? El análisis de los contenidos producidos por los medios de comunicación, sobre todo los contenidos políticos, puede expresar el tratamiento periodístico y la línea editorial de los medios. En el caso de la agenda política de los medios digitales escritos se constata el alto nivel de responsabilidad periodística detrás de la publicación de los contenidos. Esto es propio de la libertad de prensa y el ejercicio del periodismo en democracias sanas. En la agenda política los contenidos reconocen autoría (86,5%), procuran un tratamiento imparcial (78,6%) sin sanción valorativa (82,5%), incluyen la corroboración con otras fuentes (91,4%), y comunican de manera clara los mensajes (97,8%). Dicho de otro modo, existe una creciente madurez en la cultura informativa de los medios digitales en Chile, desafiando las concepciones tradicionales del periodismo ciudadano como una forma de comunicación que no se rige bajo los principios del periodismo.

El sistema de medios digitales cuenta con buenos índices de accesibilidad de la información y participación de las audiencias que proveen los medios, con algunas debilidades en cuanto a la inclusión de usuarios con capacidades diferentes, o instancias de rectificación directa por parte de las audiencias, como lo han hecho otros medios y portales. Los medios tienen plataformas fácilmente navegables por el usuario (93,9%), la información publicada es accesible (83,3%) y tienen un nivel multimedia alto que hoy puede ser todavía mayor (60,6%).

La comunicación entre audiencias, gestores y productores de los contenidos también está dada por las plataformas digitales. El 100% de los medios utiliza redes sociales y el 65,1% permite que las audiencias se inscriban al medio de comunicación digital para participar en la gestión y producción de la información y los contenidos. La autocomunicación que apunta a la producción participativa de las audiencias es baja en las plataformas digitales. Mecanismos como la rectificación directa de contenidos (3,03%) y el periodismo ciudadano (21,2%) hacen falta en las plataformas de los medios. Se observa la irrelevancia que ha tomado la sección “comentarios” de cada medio, donde incluso se observa una creciente violencia entre comentaristas, caso arquetípico el de Emol. En la violencia de estos “comentarios” podrían encontrarse signos de estos tiempos.

REGULACIÓN Y PROMOCIÓN DEL PLURALISMO EN LOS MEDIOS

El pluralismo en los medios es una agenda pendiente desde la transición política chilena. No deja de ser paradójico que el régimen de Pinochet haya tolerado más prensa disidente que los años iniciales de la transición. La desaparición de Apsi, Análisis y otras es el símbolo del funeral del periodismo crítico. Un funeral que se repitió tantas veces como se intentó reavivar las llamas de una prensa que se situara fuera del duopolio. El diario El Metropolitano siguió la misma ruta del diario La Época y que, después, seguiría La Nación Domingo. En Chile hubo y hay temas de los que no se podía, de los que no se puede, hablar en público. Cuán responsables son las elites gobernantes de esta escena, debe ser ponderado con la responsabilidad de cada ciudadano que es consumidor de información en Chile.

La libertad de expresión y el pluralismo en los medios son principios reconocidos en tratados internacionales y constitucionales nacionales a lo largo de todo el mundo. El derecho a recibir información es la contracara, no siempre jurídicamente estipulada, pero ampliamente reforzada por las cortes. Los ciudadanos tienen derecho recibir información, y los medios digitales son también un modo de llevar esa información, a la vez que ejercitar la libertad de expresión de columnistas, editores, fuentes y sujetos que desean hacer ver su punto de vista sobre las cuestiones públicas. Una nueva cultura de la información debe superar a la cultura de la censura y el tabú que se instaló en el país durante los años 90. En una década, Chile fue tres veces fue condenado por Cortes Inernacionales por ser un Estado censurador de sus periodistas y por privar a sus ciudadanos de información e incluso de películas. Los casos Martorell, Matus, La última tentación de Cristo, son las claras muestras de una transición que convivió con claras políticas de censura aplicadas por las cortes. Por largos años, sobrevivió la normativa que facultaba a los jueces y autoridades públicas para perseguir por el delito especial de desacato a los sujetos que ejercieran crítica pública de sus actos. Allí figuran casos como el de Rafael Gumucio y Andrea Vial, que fueron perseguidos por Servando Jordán, porque al ex presidente de la Corte Suprema no le gustó una entrevista publicada en una revista de papel cuché.

Hoy debemos entender que pasar de antiguas políticas censuradoras a nuevas políticas de promoción del pluralismo en los medios implica promover una nueva cultura informativa que enseñe el valor público de los medios. Por lo tanto, Chile necesita una nueva política de medios, una mirada global que permita repensar la Ley 19.733. Dentro de esa nueva mirada debe estudiarse el tema específico de los medios digitales escritos, los cuales deben ser comprendidos en su situación nacional y regional. El mapa puede ser útil para ir configurando las políticas públicas que deberían estar orientadas a disminuir las asimetrías entre medios grandes y pequeños, y que facilite la participación ciudadana en el debate público, garantice la libertad de los medios en sus líneas editoriales y fomente el reconocimiento de la diversidad del país.

En esa línea, la renovación de la Ley 19.733 debe venir acompañada de una política nacional de comunicación que suponga un salto adelante acorde a la era digital, fomentando y regulando el pluralismo en los medios. Incluir las obligaciones jurídicas de los editores y los periodistas de los medios digitales, así como también otorgar acceso a fondos públicos que no tengan como determinante la cobertura o densidad de contenidos, son algunas medidas orientadas a los medios digitales. Asimismo, parece razonable pensar en una institución autónoma análoga al CNTV que cautele los derechos y deberes de los medios en su conjunto. Al mismo tiempo, la pregunta por una autoridad con mayores competencias en el campo de la comunicación, sugiere la idea de entregar más atribuciones, independencia política y capacidad económica a la Superintendencia de Telecomunicaciones, que podría convertirse en un actor clave en la configuración de una nueva cultura informativa para Chile.



Fuente: Nicolás del Valle y Renato Garín - El mostrador